URT Cesar-La Guajira inicia 2025 con cinco demandas que buscan restituir 1.900 hectáreas al pueblo ancestral Wayúu
A finales de la pasada vigencia, el equipo étnico de la Unidad de Restitución de Tierras radicó estas demandas para restablecer los derechos étnico-territoriales a estas familias, víctimas de múltiples flagelos por causa del conflicto armado.
Las comunidades indígenas Wayúu de Ishapá, Rodeíto El Pozo, Santa Rosa de Majayura, Zahino y Atnamana-Monte Verde, ubicadas en los municipios de Maicao y Hatonuevo, en La Guajira, han sido víctimas de la acción criminal de grupos armados ilegales como las FARC-EP, ELN, EPL y las AUC, que asesinaron, intimidaron y cometieron toda serie de violaciones a los derechos de las familias pertenecientes a esta nación originaria.
Por ello, con la labor de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), y a través de cinco demandas radicadas y admitidas en los Juzgados civiles especializados de Valledupar, estas comunidades solicitan la restitución de aproximadamente 1.900 hectáreas de territorio ancestral. La Dirección Territorial Cesar – La Guajira de la URT, liderada por Astrid Navarro Rodríguez, viene acompañando con su equipo étnico al Pueblo Wayúu, con el fin de lograr justicia y el restablecimiento de sus derechos territoriales.
Entre los casos demandados por la entidad se encuentra el del Resguardo Indígena El Zahino, ubicado en Hatonuevo. Dicho territorio está integrado por las comunidades de Wuitourumana, Sanja Blanca, Zahino, Muriatuy y Guayabito. Este proceso es el de mayor extensión territorial de los cinco casos indígenas demandados ante la justicia transicional en 2024, por cuanto pretende restituir 1.227 hectáreas a favor de 293 familias Wayúu. Estas fueron violentadas en sus derechos territoriales desde hace más de 30 años, por la acción de grupos paramilitares, guerrillas como las FARC-EP y el EPL, e incluso de la Fuerza Pública. Dos muertes, amenazas constantes y la violencia sistemática, obligaron al abandono forzado y al confinamiento de las víctimas, que hoy esperan la restitución.
Así mismo, la URT Cesar – La Guajira presentó una demanda en favor del Resguardo Indígena de Rodeíto El Pozo, también ubicado en Hatonuevo y considerado uno de los casos emblemáticos de la ruta étnica en la región Caribe. En este resguardo, habitado por las comunidades de Yaguarito, Rodeíto y El Pozo, conviven 776 personas de 147 familias, que principalmente padecieron la violencia paramilitar de las AUC, estructura criminal que ejecutó la masacre de Rodeíto, en la que perdieron la vida 13 personas en enero de 2001. Esta demanda, presentada en junio de 2024 y admitida en octubre del mismo año por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, pretende la restitución de 117 hectáreas del territorio sagrado Wayúu.
“Estas comunidades indígenas de La Guajira, sistemáticamente han sido víctimas del conflicto armado interno, causando afectaciones a la vida, a la libre determinación como pueblo originario Wayúu, al desarrollo y disfrute de su riqueza cultural, a la soberanía y seguridad alimentaria, además de los impedimentos para ejercer su autonomía y forma de gobierno, por causa del confinamiento al que por años fueron obligadas. Por todas estas manifestaciones de violencia en contra de las comunidades ancestrales, es que nuestra entidad, con su equipo étnico, viene impulsando estos procesos en el departamento de La Guajira, con presencia permanente y acompañamiento en el territorio”, indicó Astrid Navarro Rodríguez, directora territorial de la URT en Cesar y La Guajira.
Tres demandas admitidas a comunidades Wayúu de Maicao
La zona rural del municipio de Maicao ha sido una de las más afectadas por el conflicto armado. Por ello, la entidad cerró el año 2024 con la presentación de tres demandas de restitución de derechos territoriales a favor de las comunidades Wayúu de Ishapá, Santa Rosa de Majayura y de Atnamana-Monteverde. Estas fueron afectadas por la violencia del paramilitarismo y la guerrilla, grupos que asesinaron a integrantes del pueblo indígena y obligaron al desplazamiento de las familias, que abandonaron forzosamente o debieron confinarse en más de 550 hectáreas de territorio ancestral que se reclama.
Ante estas afectaciones, la URT impulsa una demanda a favor de la comunidad indígena de Ishapá, con la que se pretende la restitución de 218 hectáreas y 6.366 metros cuadrados de territorio, en favor de 300 personas agrupadas en 71 familias, que perdieron a dos de sus integrantes, asesinados por el paramilitarismo. Este caso, admitido en noviembre de 2024, busca el restablecimiento de los derechos, violentados a través de homicidios, desplazamiento forzado, amenazas, violencia sexual y saqueos de las AUC.
Además del caso descrito, el equipo étnico de la Unidad también radicó otra demanda a favor de la comunidad indígena de Atnamana y Monte Verde, para reclamar el restablecimiento de derechos sobre 254 hectáreas. El proceso se presentó el 8 de noviembre de 2024 y en ella se da cuenta de ocho asesinatos, además del desplazamiento masivo, amenazas y confinamiento padecido por más de 400 personas del pueblo Wayúu, a quienes se les vulneró el disfrute del territorio por abandono y confinamiento, atentando de igual manera contra su seguridad alimentaria y el acceso a sus sitios sagrados.
La labor de la URT Cesar – La Guajira, en su gestión en ruta colectiva de restitución de derechos étnico-territoriales, cerró con la admisión de la demanda en favor de la comunidad de Santa Rosa de Majayura, proceso que atiende las pretensiones de 406 familias sobre 76 hectáreas de territorio ancestral. En repetidas ocasiones, esta comunidad fue víctima de homicidios y violencia por parte de distintos actores armados: cuatro personas fueron asesinadas por paramilitares y una por la Fuerza Pública. Así mismo, sufrieron hostigamientos y otras afectaciones por parte de las FARC-EP.
