Procuraduría alerta que urbanización en Valledupar, destinada a desplazados, podría ser invadida
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al alcalde de Valledupar, Mello Castro González, con el fin evitar la invasión por parte de un grupo de sujetos, que estarían armados, a una urbanización destinada a garantizar el derecho de vivienda digna a más de 800 familias víctimas de desplazamiento forzado.
El Ministerio Público le pidió al mandatario de esta ciudad y a la gerente del Fondo de Vivienda e Interés Social y Urbana, Sol María Liñán, cumplir con la Sentencia T-946 del 16 de diciembre de 2021, la cual ordenaba la construcción de un proyecto de viviendas para familias víctimas del conflicto armando, quienes se encontraban asentadas en un predio privado.
“La Procuraduría Provincial de Valledupar fue informada que un grupo de personas, presuntamente armadas, estaban haciendo presencia en el sector delimitado para la población desplazada con la intención de tomar posesión de las casas que aún no están habitadas”, indicó el órgano de control, que hizo un llamado a las autoridades de hacer efectivo el beneficio para las personas identificadas y censadas.
De igual forma, señaló que al menos 1.600 menores de edad y 1.400 adultos, los cuales se encontraban en un predio conocido como la Sabana 1 desde el 2008, interpusieron una tutela contra la alcaldía y la gobernación del Cesar y Acción Social por la ausencia de soluciones a su problemática de vivienda, la cual fue respondida por parte de la Corte Constitucional a su favor.
El alto tribunal reconoció el derecho fundamental a una vivienda digna con permanencia en este predio para las familias desplazadas, por lo que posteriormente se construyó la urbanización El Porvenir con 758 hogares, de los cuales tan solo se han entregado 113 viviendas a las familias beneficiarias a la fecha.
Alcalde de Valledupar tendrá que cumplir tres días de casa por cárcel por desacato a fallo de tutela:
En de agosto de 2021, el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Valledupar resolvió sancionar al alcalde de la ciudad, Mello Castro González, con arresto domiciliario de tres días y una multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, por haber incumplido el fallo de tutela T-946 de 2011, en la que se ordenó el desalojo de la invasión, propiedad del mayor Alberto Pimienta Cotes, ubicada en el predio Sabana 1, en la capital del Cesar.
Dicha sanción fue emitida tras el incumplimiento al fallo de tutela T-946 de 2011, en la cual se ordenaba al mandatario adelantar las gestiones administrativas de reubicación de una población que se encuentra habitando en un sitio de invasión, pues el alcalde debía cumplir con las actividades de la instalación de contadores, energización, pruebas hidráulicas y estanqueidad del sistema de acueducto y alcantarillado del lugar al que debían ser trasladadas estas personas.
De acuerdo a la investigación, la población que se encuentra en el predio Sabana 1 de Valledupar debía ser reubicada a la urbanización El Porvenir, lugar que cuenta con espacio para 800 viviendas, pero hasta esa fecha no se había realizado dicho traslado de estas familias, quienes son desplazados por la violencia y madres cabezas de hogar con protección del estado.
Un aparte de dicho fallo del juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar indica que “habiendo sido entregadas las viviendas del Porvenir desde diciembre de 2020, según respuesta 720 viviendas con certificado de habitabilidad, realizado el censo de las personas víctimas de la violencia y el sorteo para la adjudicación de las viviendas, realizado el censo por parte de la Alcaldía de Valledupar de las personas que no cuentan con dicha condición en cumplimiento del numeral 6 de la sentencia de tutela, no se considera que exista justificación al no cumplimiento de la orden tutelar, pues aún no han comenzado las acciones de reubicación de los accionantes en la Urbanización el Porvenir a la fecha de esta providencia, desde la entrega de las viviendas (diciembre 2020) sin que sea posible iniciar el paso siguiente, cuál sería la notificación de desalojo, en tanto, las familias no sean reubicadas.”
Tomado de : Infobae
