El 2023, un año que arroja balance positivo para la URT Cesar, La Guajira

• En el tiempo descrito la entidad gestionó cifras históricas de sentencias favorables a las víctimas en La Guajira. Se destaca un notable avance en restitución de derechos territoriales de pueblos afros y comunidades indígenas con presencia en ambos departamentos. Mayor despliegue en los territorios, articulación efectiva con organizaciones campesinas y entidades, además de impulsos procesales, destacan como parte de las estrategias que redimensionan la gestión de la URT Cesar, La Guajira.

Desde la llegada del presidente Gustavo Petro, se dio un giro significativo en la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras en Cesar y La Guajira, que dejó atrás el alto porcentaje solicitudes de fondo negadas para los campesinos víctimas del conflicto armado de ambos departamentos, el cual históricamente era de un 70%.

Contrario a lo anterior, el año 2023, de la URT en Cesar y La Guajira cierra con un 75% de decisiones de fondo favorables a los intereses de las víctimas en su necesidad de restitución, estadísticas que refuerzan los propósitos del Gobierno del Cambio en la búsqueda de la paz total en los territorios. 

Entre las cifras del avance para esta territorial de la URT con sede en Valledupar, destacan 85 sentencias favorables a beneficiarios de restitución que dieron respuesta a 96 solicitudes de reclamantes de tierra a quienes se les devolvió 3.891 hectáreas.

De igual manera, los números de 2023 hablan bien de la gestión inicial de la URT en etapa administrativa. Al 30 de noviembre del presente año, la entidad ha tomado 367 nuevas solicitudes que a la fecha arrojaron 128 decisiones de fondo con vocación de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas (fase previa administrativa que da paso a las demandas de restitución). 

Con relación a la gestión en el ámbito judicial, la URT Cesar, La Guajira, en 2023 presenta un avance de 103 demandas presentadas, las cuales dan respuesta a 142 solicitudes de reclamantes de restitución. Otro punto destacado de estos once meses de labor de la territorial se presenta en las 192 revocatorias a decisiones de no inscripción (etapa administrativa), revisión de casos que lleva nuevamente la etapa de análisis de los casos que por alguna razón fueron negadas por la entidad.

Otra cifra muy importante da cuenta de la inversión en relación con los proyectos productivos que maneja el Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios de la URT. En este importante aspecto, en Cesar y La Guajira, en el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha dado cumplimiento a 105 ordenes judiciales que derivaron en 86 proyectos productivos en ambos departamentos, contando con una inversión que supera los 3 mil 674 millones de pesos.

Nueva cara de la restitución en La Guajira

En tan solo once meses de gestión del presente año, se han proferido diez sentencias en la ruta individual que restituyen a las víctimas de La Guajira, además del cumplimiento judicial de una emblemática sentencia en la ruta colectiva (étnica) como fue la entrega material al Pueblo Kogui de la comunidad Tugeka en la Sierra Nevada de Santa Marta (jurisdicción rural de Dibulla). Esta decena de sentencias de 2023 en la ruta individual contrasta, por ejemplo, con lo gestionado en 2022 por la territorial, año el que se profirió la primera y en ese tiempo única sentencia favorable a las víctimas, dejando atrás más de una década sin fallos de restitución en la Guajira (antes del gobierno Petro).

Para que lo descrito se concretara, la directora territorial de la URT, Astrid Navarro Rodríguez trabaja insistentemente para que, desde el área judicial de la URT se den los llamados impulsos procesales orientados a los juzgados y tribunales de restitución, acción que por medio de memoriales mueve, por ejemplo, casos de vulneración y despojo colectivo de tierras a campesinos de Dibulla y otras zonas de departamento de La Guajira, como El Salao, La Eudomenia y Santa Rita, por citar tres de los casos de mayor impacto.

“Hemos logrado un notable avance gracias al trabajo de nuestros equipos, pero también, por esa nueva dinámica de atención que nos ha volcado a socializar constantemente las rutas y la oferta de servicios en los territorios. Son jornadas permanentes en los municipios. En conjunto con otras entidades del SNARIV, nos articulamos con organizaciones de campesinos y mejoramos los canales de atención y comunicación con los reclamantes y beneficiarios restituidos”, afirmó la directora territorial, Astrid Navarro Rodríguez.

La directiva de la URT agregó que, entre los más significativos logros de su gestión tanto en Cesar, como en La Guajira, se cuenta el avance en la ruta colectiva, a partir del trabajo de los equipos de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) con los consejos comunitarios afros y pueblos indígenas de ambos departamentos.

 “Antes de finalizar el año 2023 podemos presentar seis demandas de restitución de derechos territoriales en ambos departamentos. Lo haremos con consejos afros en Chimichagua, Dibulla y Fonseca, así como en una buena cantidad de resguardos, sobre todo en La Guajira, gracias a la eficiente articulación con autoridades del Pueblo Wayúu”, señaló la directora territorial.

Principales apuestas de la territorial para 2024

Avanzar sin vacilación, en el marco de la ley, es la consigna de la URT Cesar, La Guajira, para ello, como apuesta para la futura vigencia, se propone analizar con intención de revocatoria a los procesos con decisión de no inscripción en parcelaciones en los dos departamentos, de modo que se pueda concretar la implementación de la ruta campesina, estrategia central de la entidad y del ministerio de Agricultura.

De igual manera, entre las acciones a desarrollar está darle prioridad a los casos emblemáticos con incidencia en el corredor minero, donde hubo despojo y violencia contra las víctimas y las tierras son ocupadas por intereses de las empresas carboníferas, como las parcelaciones de Mechoacan y El Prado en la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

“En la etapa judicial continuaremos impulsando los procesos para buscar la celeridad de los fallos, y en el posfallo, mejoraremos la articulación del Grupo Fondo con las entidades del SNARIV. En lo relacionado con proyectos productivos vamos a continuar con las ´Jornadas de Intercambio de Saberes´ en alianza con otras entidades, universidades y con el SENA. En cuanto al tema étnico, son prioridad para la territorial, los pueblos kankuamo y wiwa, comunidades con las que se presentarán demandas de restitución de derechos territoriales, así como también es nuestro interés avanzar con la caracterización de afectaciones territoriales junto al Pueblo Arhuaco”, concluyó Navarro Rodríguez.