{"id":18092,"date":"2026-10-16T06:04:10","date_gmt":"2026-10-16T11:04:10","guid":{"rendered":"https:\/\/conexioncesar.com\/?p=18092"},"modified":"2026-10-16T06:04:13","modified_gmt":"2026-10-16T11:04:13","slug":"la-batalla-cultural-de-de-la-espriella-defensa-de-los-valores-tradicionales-o-riesgo-para-el-pluralismo-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexioncesar.com\/index.php\/2026\/10\/16\/la-batalla-cultural-de-de-la-espriella-defensa-de-los-valores-tradicionales-o-riesgo-para-el-pluralismo-en-colombia\/","title":{"rendered":"La batalla cultural de De la Espriella: \u00bfdefensa de los valores tradicionales o riesgo para el pluralismo en Colombia?"},"content":{"rendered":"\n

El presidente anunci\u00f3 una \u201ccontrarrevoluci\u00f3n cultural\u201d contra el wokismo y propuso recuperar el nombre de Ministerio de Cultura y Patrimonio. El debate trasciende la disputa ideol\u00f3gica: enfrenta la facultad del Gobierno para orientar la pol\u00edtica cultural con los l\u00edmites constitucionales que protegen la diversidad, la libertad de expresi\u00f3n y la memoria hist\u00f3rica. En Colombia y el Cesar, el alcance de esta ofensiva depender\u00e1 menos de los discursos que de las decisiones administrativas, los recursos p\u00fablicos y su respeto por la ley.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n del presidente Abelardo de la Espriella de abrir una \u201clucha abierta, decidida y patri\u00f3tica contra el wokismo\u201d pone la cultura en el centro de la confrontaci\u00f3n pol\u00edtica. El mandatario sostiene que las instituciones p\u00fablicas no deben utilizarse para promover ideolog\u00edas y plantea recuperar los valores tradicionales, fortalecer la identidad nacional y proteger el patrimonio. En su primera visita al Ministerio de Cultura, anunci\u00f3 que la entidad volver\u00eda a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio y orden\u00f3 retirar de espacios p\u00fablicos del Gobierno representaciones que considera una apolog\u00eda del terrorismo, entre ellas im\u00e1genes del excomandante del M-19 Carlos Pizarro. <\/p>\n\n\n\n

El anuncio no es menor. Cuando un presidente convierte la cultura en uno de los frentes centrales de su proyecto pol\u00edtico, la discusi\u00f3n deja de ser exclusivamente simb\u00f3lica: puede incidir en la financiaci\u00f3n de proyectos art\u00edsticos, los contenidos de programas p\u00fablicos, la conservaci\u00f3n de monumentos, las pol\u00edticas de memoria y los criterios para distribuir recursos a las organizaciones culturales.<\/p>\n\n\n\n

Pero \u00bfqu\u00e9 significa combatir el wokismo? El t\u00e9rmino, utilizado con frecuencia de manera despectiva contra posiciones progresistas, no tiene una definici\u00f3n jur\u00eddica \u00fanica. En el discurso pol\u00edtico suele agrupar debates sobre g\u00e9nero, diversidad sexual, lenguaje inclusivo, racismo, memoria hist\u00f3rica y reconocimiento de grupos hist\u00f3ricamente excluidos. Esa amplitud obliga a preguntar qu\u00e9 medidas concretas adoptar\u00e1 el Gobierno y bajo qu\u00e9 criterios determinar\u00e1 que una expresi\u00f3n cultural es adoctrinamiento y no una manifestaci\u00f3n leg\u00edtima de la libertad art\u00edstica.<\/p>\n\n\n\n

El l\u00edmite jur\u00eddico: gobernar no significa imponer una \u00fanica visi\u00f3n cultural<\/h2>\n\n\n\n

La Constituci\u00f3n de 1991 establece un marco que obliga a cualquier gobierno, independientemente de su orientaci\u00f3n ideol\u00f3gica. El art\u00edculo 1 define a Colombia como un Estado social de derecho, democr\u00e1tico, participativo y pluralista; el art\u00edculo 7 reconoce y protege la diversidad \u00e9tnica y cultural; y el art\u00edculo 13 garantiza la igualdad. A su vez, los art\u00edculos 20, 70 y 71 protegen la libertad de expresi\u00f3n, el acceso a la cultura y la libertad de creaci\u00f3n art\u00edstica.<\/p>\n\n\n\n

Este conjunto de normas no impide que el presidente defienda la familia, las tradiciones, la religi\u00f3n o una determinada interpretaci\u00f3n de la identidad nacional. Tampoco obliga al Estado a respaldar todas las expresiones culturales con recursos p\u00fablicos. Sin embargo, s\u00ed exige que las decisiones estatales respeten los derechos fundamentales, se ajusten a la ley y no conviertan una preferencia pol\u00edtica en un criterio arbitrario de exclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El argumento gubernamental tiene un punto leg\u00edtimo: los recursos p\u00fablicos deben administrarse con transparencia y las instituciones no deber\u00edan convertirse en aparatos de propaganda partidista. El problema aparece si, bajo la etiqueta de combatir el adoctrinamiento, se excluyen obras, artistas, colectivos o comunidades simplemente porque sus ideas incomodan al Gobierno.<\/p>\n\n\n\n

La libertad de expresi\u00f3n protege tambi\u00e9n opiniones impopulares, cr\u00edticas al poder y manifestaciones art\u00edsticas que contradicen las creencias mayoritarias. La Corte Constitucional ha reiterado que su protecci\u00f3n abarca expresiones que pueden resultar chocantes o contrarias a las posturas dominantes. Por eso, calificar una obra como ideol\u00f3gica o pol\u00e9mica no basta, por s\u00ed solo, para justificar su censura. <\/p>\n\n\n\n

Hay, adem\u00e1s, una diferencia jur\u00eddica entre decidir qu\u00e9 s\u00edmbolos exhibe una entidad p\u00fablica y prohibir que esos s\u00edmbolos, ideas u obras circulen en la sociedad. El Estado puede revisar sus espacios y criterios de exhibici\u00f3n, pero las decisiones que afecten expresiones culturales deben tener fundamento legal, respetar los derechos aplicables y no utilizarse como mecanismo de persecuci\u00f3n ideol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n

El cambio de nombre del ministerio tambi\u00e9n tiene un l\u00edmite concreto. La denominaci\u00f3n actual, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, fue establecida mediante la Ley 2319 de 2023. Por tanto, el anuncio presidencial no modifica por s\u00ed mismo la ley: para restablecer formalmente otra denominaci\u00f3n se requiere el procedimiento jur\u00eddico correspondiente, incluida la intervenci\u00f3n del Congreso cuando sea necesaria. <\/p>\n\n\n\n

Dos escenarios para Colombia y el Cesar<\/h2>\n\n\n\n

Escenario 1. Una pol\u00edtica cultural enfocada en el patrimonio, con garant\u00edas para la diversidad<\/h3>\n\n\n\n

En este escenario, el Gobierno fortalece la conservaci\u00f3n de monumentos, archivos, museos, tradiciones populares y expresiones art\u00edsticas, y revisa los programas p\u00fablicos con criterios transparentes. La promoci\u00f3n de los valores tradicionales no implica borrar otras memorias ni excluir a quienes tienen concepciones distintas de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n

Para Colombia, esta ruta podr\u00eda traducirse en una pol\u00edtica cultural con prioridades definidas, mayor evaluaci\u00f3n del gasto y mecanismos p\u00fablicos para asignar est\u00edmulos y contratos. Su legitimidad depender\u00eda de que los criterios fueran verificables, se aplicaran de manera igualitaria y permitieran la participaci\u00f3n de artistas, investigadores y comunidades.<\/p>\n\n\n\n

En el Cesar, el enfoque podr\u00eda favorecer la preservaci\u00f3n del vallenato, las m\u00fasicas tradicionales, las fiestas populares, los archivos hist\u00f3ricos y el patrimonio material e inmaterial. Tambi\u00e9n podr\u00eda abrir oportunidades para fortalecer escuelas de formaci\u00f3n, festivales y procesos culturales comunitarios, siempre que la inversi\u00f3n llegue a los territorios y no se concentre exclusivamente en las expresiones m\u00e1s visibles o comercialmente rentables.<\/p>\n\n\n\n

La prueba ser\u00eda sencilla: que proteger las tradiciones no signifique desconocer la diversidad cultural del departamento, incluidas las comunidades ind\u00edgenas, afrodescendientes y rurales, ni convertir el acceso a los recursos p\u00fablicos en una recompensa por afinidad ideol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n

Escenario 2. Una pol\u00edtica de exclusi\u00f3n ideol\u00f3gica que termine en conflictos jur\u00eddicos y culturales<\/h3>\n\n\n\n

El segundo escenario se producir\u00eda si la ofensiva contra el wokismo se traduce en cancelaci\u00f3n de programas sin criterios objetivos, retiro indiscriminado de obras, restricciones a contenidos art\u00edsticos o educativos, o distribuci\u00f3n de recursos condicionada a la adhesi\u00f3n a la visi\u00f3n del Gobierno.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito nacional, esas medidas podr\u00edan provocar controversias administrativas, acciones judiciales y demandas de organizaciones culturales, artistas y ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos. No toda decisi\u00f3n sobre financiaci\u00f3n o exhibici\u00f3n constituye censura, pero las restricciones deben superar el examen de legalidad y respetar las garant\u00edas constitucionales. La controversia podr\u00eda llegar a los jueces si se demuestra una afectaci\u00f3n concreta de derechos.<\/p>\n\n\n\n

En el Cesar, el riesgo ser\u00eda que la disputa nacional se reproduzca en convocatorias culturales, bibliotecas, museos, festivales y proyectos financiados con recursos p\u00fablicos. Una administraci\u00f3n podr\u00eda priorizar ciertas expresiones, pero si excluye otras sin justificaci\u00f3n legal y objetiva, podr\u00eda debilitar procesos comunitarios, afectar a gestores culturales y reducir la pluralidad de voces que conviven en el territorio.<\/p>\n\n\n\n

El conflicto tambi\u00e9n podr\u00eda alcanzar la memoria hist\u00f3rica. La revisi\u00f3n de s\u00edmbolos p\u00fablicos exige distinguir entre la decisi\u00f3n institucional de exhibir una imagen y la posibilidad de investigar, narrar o debatir sobre personajes y episodios controvertidos. El patrimonio no debe convertirse ni en propaganda oficial ni en una herramienta para borrar episodios inc\u00f3modos de la historia nacional.<\/p>\n\n\n\n

La disputa que tambi\u00e9n compromete a los gobiernos locales<\/h2>\n\n\n\n

El alcance de la pol\u00edtica cultural no depender\u00e1 \u00fanicamente de las decisiones del presidente. Gobernaciones, alcald\u00edas, instituciones educativas y entidades culturales deber\u00e1n actuar dentro de sus competencias y de los marcos legales aplicables. Los gobiernos locales tendr\u00e1n que decidir c\u00f3mo traducir las orientaciones nacionales en presupuestos, convocatorias, programaci\u00f3n y conservaci\u00f3n patrimonial, sin perder de vista las necesidades y particularidades de sus comunidades.<\/p>\n\n\n\n

Por eso, la discusi\u00f3n merece seguimiento sobre hechos verificables: qu\u00e9 programas se modifican, cu\u00e1les recursos se reasignan, qu\u00e9 criterios se aplican para entregar est\u00edmulos, qu\u00e9 obras se retiran de espacios p\u00fablicos y qu\u00e9 mecanismos se ofrecen para controvertir esas decisiones.<\/p>\n\n\n\n

La pregunta central no es si Colombia debe proteger sus tradiciones: la Constituci\u00f3n tambi\u00e9n reconoce ese deber. La pregunta es si esa protecci\u00f3n se ejercer\u00e1 con garant\u00edas para una sociedad plural o si se utilizar\u00e1 para establecer una identidad cultural oficial frente a la cual las dem\u00e1s expresiones deban justificarse.<\/p>\n\n\n\n

La batalla cultural de De la Espriella tendr\u00e1 consecuencias reales cuando pase de la ret\u00f3rica a las normas, los presupuestos y las decisiones institucionales. En ese momento se podr\u00e1 evaluar si fortalece el patrimonio sin sacrificar derechos o si convierte las diferencias ideol\u00f3gicas en un nuevo criterio de exclusi\u00f3n. Para Colombia y el Cesar, la frontera decisiva no ser\u00e1 entre lo tradicional y lo progresista, sino entre una pol\u00edtica cultural sometida a la Constituci\u00f3n y otra que pretenda estar por encima de ella.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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