El trabajo investigativo y de contexto adelantado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n permiti\u00f3 documentar 22 hechos delictivos que dejaron 145 v\u00edctimas entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del Cesar. <\/p>\n\n\n\n
Por estos cr\u00edmenes, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, excabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acept\u00f3 su responsabilidad y se acogi\u00f3 a sentencia anticipada.<\/p>\n\n\n\n
Ante un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el procesado reconoci\u00f3 su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparici\u00f3n forzada y desplazamiento forzado. La actuaci\u00f3n se enmarca en la estrategia institucional para la terminaci\u00f3n anticipada de procesos regidos por la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).<\/p>\n\n\n\n
Entre los eventos il\u00edcitos incluidos en la aceptaci\u00f3n de cargos hay cinco homicidios colectivos: el ocurrido en el corregimiento La Meza, en Valledupar, el 11 de diciembre de 1999, que dej\u00f3 cinco personas asesinadas; el perpetrado en el sector Los Tupes, en San Diego, el 30 de mayo de 2001, con seis v\u00edctimas; los ataques armados en los barrios Bello Horizonte y Divino Ni\u00f1o, en Valledupar, el 13 de enero de 2001, que causaron nueve muertes; y las incursiones armadas en Lamas Verdes, en Curuman\u00ed, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005, en las que fueron asesinadas 20 personas.<\/p>\n\n\n\n
De igual manera, est\u00e1n los homicidios de 20 integrantes de los pueblos ind\u00edgenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos l\u00edderes comunitarios y menores de edad. Mediante un enfoque diferencial, la investigaci\u00f3n opuso en evidencia graves afectaciones a estas comunidades, sus territorios, formas de vida y pr\u00e1cticas culturales y espirituales.
Las conductas atribuidas a Tovar Pupo corresponder\u00edan a un plan sistem\u00e1tico de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se opon\u00edan a la presencia paramilitar en la regi\u00f3n.
La destrucci\u00f3n de viviendas y bienes agrav\u00f3 las consecuencias para la poblaci\u00f3n ajena al conflicto, debilit\u00f3 su organizaci\u00f3n colectiva, medios de subsistencia y permanencia en determinadas zonas.
La aceptaci\u00f3n de cargos ser\u00e1 remitida a un juzgado especializado, que determinar\u00e1 la pena correspondiente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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