La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República para el período 2022-2026 y ordenó al Congreso de la República rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria, con el fin de elegir Contralor para lo que resta del período constitucional.

La Sala evidenció que se presentaron irregularidades graves durante etapas cruciales del desarrollo del proceso de elección, por lo que quedó viciado por el desconocimiento e infracción de normas superiores, concretamente en lo referente a los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 del 2018.

Lo anterior por cuanto la sesión plenaria en que se hizo la elección no fue citada con la antelación de que trata el artículo 21 de la Ley 5ª de 1992. Sumado a ello, se elaboró una tercera lista de elegibles sin justificación alguna y lo más grave y determinante fue que los parámetros de la convocatoria fijados por la mesa directiva del Congreso en la Resolución 001 del 17 de enero del 2022, en donde se efectuó la convocatoria pública para la elección del Contralor General de la República, fueron cambiados de manera injustificada luego de conocer los resultados de la prueba de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida efectuada por la Universidad Industrial de Santander, cambios con los que se desconocieron abiertamente los postulados consagrados en los artículos 126 de la Constitución Política y 6 de la Ley 1904 del 2018.

La alta corte recordó que la convocatoria no puede cambiar las reglas establecidas sin justificación y mucho menos cuando ya se han practicado las pruebas diseñadas para el efecto y se conocen sus resultados, que fue lo que ocurrió en este caso .

La Agencia Nacional de Tierras–ANT, anunciará la compra de 30 predios por más de 937 hectáreas para adjudicarlos a 15.660 familias de comunidades negras e indígenas, que representan 46.000 personas del Cauca y otros departamentos del país como Sucre, La Guajira, Huila y Caldas.

Las familias que recibirán tierras en los municipios de Caloto y Corinto (norte del Cauca), pertenecen a comunidades negras de los consejos comunitarios y resguardos indígenas de esa región del país, donde la Agencia Nacional de Tierras compró 24 predios por 490 hectáreas.

Otros seis predios (447 hectáreas), fueron adquiridos en Sincelejo (Sucre), Barrancas (La Guajira), La Plata (Huila), Riosucio (Caldas) y Silvia (Cauca) y beneficiarán a 3.542 familias pertenecientes a resguardos indígenas de esos departamentos. La compra de estas tierras se hizo a particulares que vendieron de manera voluntaria, como ha sido la política de gobierno liderada por el Presidente Gustavo Petro.

Gerardo Vega, director general de la ANT afirmó que “las comunidades étnicas han habitado el norte del Cauca de manera ancestral y han padecido el conflicto por la tierra en esa región. Con estas tierras esperamos empezar un camino de tranquilidad, de concertación; y esta compra y entrega a esas comunidades es el aporte de la reforma agraria para que el  gobierno nacional ayude a todos al logro de la Paz Total”.

Finalmente, la ANT también anunciará nuevas compras para comunidades campesinas del norte del Cauca y otras regiones del país, y entregará 43 títulos de formalización de la propiedad por 45 hectáreas a igual número de familias campesinas del Cauca que ya estaban en los predios y ahora serán sus dueños formalmente. Las fincas de los beneficiarios de estos títulos se encuentran en los municipios de Padilla, Piendamó, Popayán, Rosas, Santander de Quilichao, Timbío, Corinto, Mercaderes, Puerto Tejada, Bolívar y La Vega.

Después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro diera a conocer a través de un trino,  el hallazgo con vida de los cuatro  niños indígenas que iban en la avioneta tipo Cesna siniestrada el pasado  primero de mayo; a través de un comunicado la empresa de aviación que realiza el operativo desmintió la información y aseguró

que aún sigue la busqueda con el personal de la Fuerza Aérea Colombiana y el padre de los menores, sin ningún resultado por el momento; “ Sin embargo sobre las 3:30 de esta tarde, al regreso de la aeronave HK 2690, que pertenece a la compañía Avianline Charters’s SAS, que hacía la ruta Mitú-Cachiporro al aterrizar en la pista de la comunidad, los habitantes de la misma manifiestan al piloto, capitán Javier Ramírez, que los menores estaban siendo transportados en lancha rio abajo y que todos estaban vivos, que aproximadamente sobre las 5:00  de la tarde, estarían llegando a Cachiporro, información que  fue suministrada a la comunidad mediante radiofonia desde el punto llamado Dumar”. 

En el comunicado se indica además que en el momento no se tiene certeza de la información, que  puede no ser cierta ,”Si Dios permite y es verdad, tenemos varios factores que pueden retrasar la llegada de los menores, debido a las tormentas eléctricas en la zona se debe apagar el equipo de comunicación por un lapso de  una hora mientras pasa, de igual manera, no se puede navegar por el río mientras está lloviendo porque las aguas arrastran muchos palos y es peligroso para la embarcación”, dice el documento. 

La JEP rechazó la solicitud de sometimiento del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, por no aportar verdad plena en la Audiencia Única de Verdad Plena realizada el pasado 26 y 27 de enero. Así lo determinó la Subsala Especial D de Conocimiento y Decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tras contrastar, analizar y evaluar el contenido de esa diligencia judicial, llevada a cabo en Ibagué. 

Durante la audiencia, en la que se le concedió la última oportunidad para acreditar su calidad de tercero civil colaborador y financiador de las autodefensas, así como su calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública en rol de bisagra, la subsala concluyó que Tovar Pupo no cumplió con las órdenes impartidas por la Sección de Apelación que, entre otras cosas, implicaban suministrar verdad plena que develara los patrones macrocriminales atribuibles al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

La subsala especial también señaló que Tovar Pupo incumplió varios requerimientos hechos en el marco de su solicitud, entre ellos, presentar un compromiso claro, concreto y programado de aporte a la verdad. Tampoco entregó pruebas que acreditaran que financió y auspició organizaciones paramilitares antes de formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Además, incumplió la orden emitida por la Sección de Apelación de entregar previamente los temas que abordaría en la Audiencia Única de Verdad Plena, lo que en varias oportunidades le solicitó la subsala. 

Además de aportar verdad plena, en la diligencia judicial Tovar Pupo debía “demostrar su voluntad de aportar a la reparación de los derechos de las víctimas, así como a la reconstrucción de la historia que condujo a la creación, expansión y consolidación de los grupos paramilitares con el apoyo de agentes del Estado y terceros”. A pesar de que fue advertido de que los incumplimientos de quienes comparecen voluntariamente ante la JEP son inadmisibles, y de que se le brindaron las garantías necesarias para que expusiera su aporte a la verdad, el exjefe paramilitar “no acató las órdenes emitidas”. 

Según la sala,  las manifestaciones de Tovar “muestran claramente la intención del solicitante de ofrecer poca o nula información a la JEP, motivado además en salvaguardar exclusivamente sus propios intereses defensivos, mas no en contribuir decididamente a esclarecer la verdad para las víctimas y la sociedad”, señala la resolución mediante la cual no se admite su sometimiento a la JEP. 

La magistratura subraya la manifestación expresa del excomandante paramilitar de “desconocer a la JEP como el foro natural para ventilar su verdad como combatiente”. Según la resolución, Tovar Pupo expresó que su posible participación como tercero civil era irrelevante y que su supuesta función de bisagra con la fuerza pública era inexistente, a tal punto que cuestionó directa y puntualmente a la Sección de Apelación de la JEP por su interpretación de darle a la justicia transicional cabida por esta vía. 

Estos reiterados incumplimientos no dejaron otra alternativa a la JEP que dar por terminada la Audiencia Única de Verdad Plena de Tovar Pupo como escenario “único e irrepetible” para que hiciera sus aportes de verdad plena. Por tanto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó el rechazo de su sometimiento y su exclusión de la JEP “por su evidente falta de voluntad de cumplir con el régimen de condicionalidad”, concluyó.

Luego de pedir la renuncia a sus ministros, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo ajustes en su gabinete y anunció la salida de ocho de ellos. 

Los relevos se hicieron en los ministerios de Hacienda, Salud, Interior, Ciencias, TIC, Transporte, Agricultura y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).  En ese orden de ideas, dejan sus cargos José Antonio Ocampo, Carolina Corcho, Alfonso Prada, Sandra Urrutia, Arturo Luna, Guillermo Reyes, Cecilia López y Mauricio Lizcano.  

Sobre estos ajustes el presidente Petro advirtió que “se está construyendo un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país”.

Quienes llegan 

Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda es el actual director de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), economista con estudios en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con diploma de estudios avanzados de la Universidad de Rennes, en Francia. Ha sido docente de las universidades Javeriana y Nacional y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE). Bonilla fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2002 y abril de 2015 y ha asesorado al Presidente de la República, Gustavo Petro, en diferentes temas económicos, como las pensiones.

Luis Fernando Velasco,  nuevo ministro del Interior. Nacido en Popayán (Cauca), es el actual Consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es abogado de la Universidad del Cauca y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue representando a la Cámara entre 1998 y 2006 y, luego, senador entre 2006 y 2022, y ejerció como presidente de esta corporación en la legislatura 2015-2016.

Jhénifer Mojica Flórez,  nueva ministra de Agricultura, es la actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, acompañando la gestión de Giovani Yule Zape. Es abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha hecho parte, como abogada, de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el esclarecimiento de la verdad. 

William Camargo Triana,  nuevo ministro de Transporte, es el actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializado en transporte en la Universidad Nacional, y tiene una maestría en Planeación Urbana de la Universidad Javeriana. Actualmente, cursa un Doctorado en Dirección de Proyectos con la Universidad Benito Juárez.

Camargo Triana cuenta una amplia experiencia en proyectos de movilidad sostenible, en planificación de proyectos viales, rurales, urbanos y regionales; en formulación, diseño, seguimiento e implementación de proyectos relacionados en ordenamiento territorial, planeación urbana y regional, tránsito, transporte, movilidad y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).

Mauricio Lizcano, llega al ministerio  de las TIC.  Es el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en asociación con la Universidad de Columbia. Fue representante a la Cámara en el periodo 2006-2010 y senador de la República entre 2010 y 2018. Entre su experiencia profesional se cuentan cargos, como secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre 2004 y 2005; asesor de despacho del Ministerio de Comunicaciones, en 2003; consultor PNUD Ministerio del Interior y de Justicia, en 2003; y secretario de Tránsito de Manizales, en 2002; entre otros.

Guillermo Alfonso Jaramillo, es el nuevo ministro de Salud. Médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia). Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

Yesenia Olaya Requene, es la nueva ministra de Ciencias. Tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University.

Es oriunda de Tumaco, Nariño, tiene amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afrolatinoamericanos y de educación inclusiva, entre otros. Actual viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de Minciencias.

Carlos Ramón González, es el nuevo director del Dapre, es abogado, politólogo y especialista en medioambiente. Durante su trayectoria política, ha hecho parte de diferentes procesos destacados de la vida nacional, como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, representante a la Cámara, entre 1991 y 1994; concejal de Bucaramanga, entre 1995 y 1998; director del partido Alianza Democrática M-19, entre 2002 y 2005; y director del Partido Verde, entre 2005 y 2009.

Por decisión del presidente Gustavo Petro, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria deja el cargo y será llamado a calificar servicio. En su reemplazo llegará a la institución el general en retiro William René Salamanca, quien tiene  más de 37 años de experiencia en la Policía Nacional. 

Entre tanto, el general Tito Yesid Castellanos, quien se desempeña como jefe del Servicio de Policía, pasaría a ser el subdirector de la institución y encargado  en la dirección hasta la llegada de Salamanca.

Recientemente el general Sanabria había desatado polémica por sus declaraciones de tinte religioso en torno al tema del aborto y la infidelidad. 

Quien es el general William Salamanca

El general (r) William Salamanca es administrador de empresas y administrador policial, con especializaciones en Relaciones Internacionales y Seguridad Integral; tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia, en Nueva York; además, una maestría en Seguridad Pública y alumno del Centro Hemisférico de Defensa en Washington D.C., donde ha adelantado estudios sobre lucha contra el terrorismo, manejo de crisis y liderazgo.También, adelantó el Curso Integral de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra de Colombia.

Ante intensa actividad sísmica del volcán Nevado del Ruiz, que desde el pasado 24 de marzo se incrementó  sustancialmente generando mayor cantidad de sismo diarios en la zona, la Gobernación de Caldas tomó como medida de prevención la evacuación de 40 familias del municipio de Villamaría y anunció que los estudiantes que reciben clase en 23 instituciones educativas que están ubicadas dentro de los 10 kilómetros estipulados como zona de riesgo, comenzarán clases virtuales en Semana Santa.

Las autoridades establecieron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio de Villamaría en el departamento de Caldas, desde donde se ha venido revisando el estado actual del volcán y los posibles cambios que se generen por la actividad del Nevado; como también, se han dispuesto varios planes de emergencia para, en caso de que la alarma cambie a roja, se puedan prevenir la mayor cantidad de afectaciones en las familias cercanas al volcán.

Luego de conocer la actualidad de la actividad volcánica del Nevado, Villamaría decidió declarar calamidad pública y urgencia manifiesta en el municipio, lo que le permitirá destinar recursos y tomar las decisiones que necesite para manejar una posible emergencia.

El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona hizo un llamado a ser prudentes con la información que se genera sobre la actividad del volcán y a no generar pánico: “Estamos muy prestos y dispuestos con toda la institucionalidad, trabajando articuladamente con los municipios en los planes de contingencia”, aseguró el gobernador Velásquez.

Un mes después de que la Corte Suprema de Justicia entregara concepto favorable, el presidente Gustavo Petro firmó la extradición hacia Estados Unidos de la diseñadora de modas Nancy González, acusada presuntamente por usar pieles de animales como babillas, caimanes, serpientes y otras especies silvestres, en la confección de diseños de prendas de vestir y carteras.

De acuerdo a la investigación, la diseñadora contactaba ciudadanos del Valle del Cauca para que viajaran con sus diseños a Estados Unidos a cambio de pagarles los tiquetes y 600 dólares para su manutención.

Según la justicia de Estados Unidos, los envíos se habrían hecho ilegalmente, sin tener en cuenta los protocolos sanitarios ni l reglamentación internacional que existe sobre este tipo de especies animales. 

En el operativo de la captura de la diseñadora, propietaria de la empresa CI Diseño y Moda International S.A.S., también fueron capturados Diego Mauricio Rodríguez Giraldo, quien sería el trabajador de confianza y Jhon Camilo Aguilar Jaramillo, señalado de las maniobras comerciales.

Con la firma del presidente Gustavo Petro, la diseñadora será enviada hacia el Estado de Florida, Estados Unidos, en cualquier momento.

El accidente aéreo en Quibdó (Chocó) que se registró con un helicóptero de placas EJC 4227, del Ejército, dejó cuatro víctimas fatales, dos oficiales y dos suboficiales, entre ellas, una mujer.
Las víctimas fueron identificadas como el capitán Héctor Jerez, la teniente Julieth García, y los sargentos segundo Johan Orozco, y Rubén Leguizamòn.

La teniente García, de tan solo 30 años y oriunda de Cúcuta, perteneció al equipo de los Cazadores en agosto del 2020 cuando hacía curso para convertirse en piloto. 
Julieth se convirtió la primera mujer del Ejército en manejar la aeronave UH1N. 

El capitán Héctor Jerez tenía 32 años, era oriundo de Bucaramanga, fue estudiante del colegio Inem y vivió toda la vida en Real de Minas. 

El presidente Gustavo Petro lamentó la pérdida de los uniformados a través de redes sociales. 
“Con tristeza lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó. Acompaño a las familias del CT. Héctor Jerez, TE. Julieth García, SS. Johan Orozco y SS. Rubén Leguizamòn en este doloroso momento. No los dejaremos solos”, dijo el presidente.

Aún es materia de investigación este incidente aéreo, sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que se debió a una falla mecánica en la parte trasera de la aeronave. 
El coronel Héctor Alfonso Candelario, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, del Ejército, confirmó que el helicóptero estaba en una operación de abastecimiento para llevarle alimento a los soldados que cumplen misiones.
Al llegar a la zona, verificó que se encontraron dos cuerpos y y luego se encontraron los otros dos que, al parecer, según la comunidad, se lanzaron de la aeronave.

Tomado de : El Tiempo