Tras meses de anuncios de acercamientos entre las partes, el gobierno Petro y líderes del ELN iniciaron este lunes una negociación para el desarme de este grupo, con Venezuela como país garante y sede de las negociaciones, así como con un ingrediente sorpresa que reveló la semana pasada: José Felix Lafaurie, un líder gremial cercano al uribismo y fuerte opositor de Petro, como parte del equipo negociador del gobierno.

 La mesa de negociación se reinstaló en medio de un ambiente de cordialidad en la que 33 representantes del gobierno, del ELN, de la iglesia católica, países garantes de distintas vertientes políticas se sentaron después de cuatro años de negociación interrumpida, esta vez en un primer ciclo que irá hasta mediados del mes de diciembre de este año. 

Otty Patiño, del ELN destacó que “ la certeza de  que vamos a llegar a un puerto seguro con todas las discrepancias y diferencias que podamos tener y que estamos dispuestos a resolverlas”. 

“Estas mesas no se pueden ver como un trueque de favores: el gobierno le pide al ELN y el ELN le pide al gobierno, queremos dejar esta constancia, el ELN no pide nada”, dijo Pablo Beltrán del ELN.

En un candente y extenso debate, el Senado de la República aprobó la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro.

En la jornada, que se extendió por 15 horas, hubo de todo. Se presentaron peloteras, ánimos exaltados, euforia en la oratoria, insultos, apoyos, mensajes de protesta, atuendos que pretendieron sentar una posición a favor o en contra.

Al final, se llevó a cabo la votación y aprobación en el Senado, del paquete que transforma la manera de pagar impuestos en Colombia; mientras que la Cámara de Representantes suspendió la sesión, con parte de la tarea hecha, para continuar el jueves.

Desde ya, los colombianos tendrán que irse preparando para el nuevo esquema de tributación que quedó en la reforma tributaria aprobada, en la que están: un impuesto al patrimonio; modificaciones a la tributación de los dividendos; pago de impuesto de renta con tarifa más alta a personas naturales con más de 10 millones de ingresos mensuales; impuestos a los hidrocarburos; sobretasa en el impuesto de renta al sector financiero y a las electrificadoras; impuestos saludables; eliminación o disminución de beneficios tributarios, tanto para personas como sectores, entre otras medidas.

Durante el debate se estableció que las iglesias no tendrán un impuesto, como lo había propuesto el proyecto desde su texto original. Una iniciativa presentada por la oposición pidió el hundimiento del artículo y así lo hicieron con 59 votos por el si a la eliminación.

El articulado, en su mayoría, se votó en bloque, pero las propuestas más álgidas, que quedaron para la parte final, enredaron el debate y lo extendieron hasta casi la media noche.

Ahora, habrá que esperar las decisiones que se tomen en la Cámara de Representantes, para definir si será necesaria una conciliación, como lo piden las normas cuando hay diferencias en los textos que aprueban de manera independiente en las dos cámaras.

Uno de los artículos más complejos de la reforma, el del impuesto a los hidrocarburos, recibió el aval, pese a que también se pidió su hundimiento. De él depende gran parte de los recursos que obtendrá el gobierno con el recaudo tributario que dará la iniciativa legislativa una vez se convierta en ley.

Tomado de: Semana 

Ante el secretario General del Ministerio del Interior, Juan Manuel Reyes, se posesionó la abogada vallenata Amelia Rocío Cotes Cortés como Directora Nacional de Asuntos Religiosos. En el acto se destacó su trayectoria profesional y los méritos en defensa de los derechos humanos que la hicieron merecedora de ocupar este importante cargo, que por primera vez recae en una mujer y es vallenata. 

Amelia Rocío Cotes es abogada de la Universidad Industrial de Santander, UIS, con una especialización en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD y con maestría en Administración y Políticas Públicas de IEXE Universidad Puebla, México.

“Asumo este nombramiento con una gran responsabilidad. Agradezco al presidente Gustavo Petro por considerar mi nombre para este cargo. Sé que bajo su dirección podremos trabajar de manera articulada con todas las concepciones religiosas del país y establecer plataformas de diálogo en donde podamos llegar a consensos que nos permitan construir una paz total en Colombia”, manifestó Cotes.

Esta vallenata con más de 16 años de trabajo en el sector público y privado puntualizó que reconoce la libertad religiosa y de culto como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado de manera permanente y por el que trabajará incansablemente desde el Gobierno Nacional. Agregó que es una cesarense y también una hija del Magdalena Grande debido a los múltiples trabajos en defensa de los derechos humanos que ha desarrollado en esa región e incluso en La Guajira.

Cotes se desempeñó en el plano internacional como Asesora Temática de Víctimas – Profesional en Ciencias Sociales para proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; Trabajadora Comunitaria en los Países Bajos, facilitadora política del proyecto “Justicia de Género a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado” del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, entre otros.

En el ámbito nacional fungió como líder política de víctimas y coordinadora del Programa de Atención Integral a Víctimas y Reintegración Comunitaria – PAVIREC, de la Gobernación del Cesar; Directora del proyecto “San Martín en Común Unidad y Reconciliación” de la Asociación Red De Juventudes Cesarenses Redjuvensar; Coordinadora Regional Cesar de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica; secretaria de Gobierno Municipal de la Alcaldía Distrital de Santa Marta y Abogada especializada, para la Atención Integral a Víctimas, Derechos Humanos, Paz y Postconflicto de la Gobernación del Magdalena.

Así mismo, profesional en el marco del Proyecto – Laboratorio de Paz Territorial; Profesional para la investigación y redacción de informes ante la JEP de la Universidad Nacional de Colombia sede La Paz y recientemente abogada asesora y líder del equipo jurídico de la Secretaría Local de Salud de Valledupar.

Una vallenata intachable 

En la hoja de vida de Amelia Rocío Cotes reposa la formulación e implementación para el departamento del Cesar del primer Programa de Atención Integral a Víctimas y Reintegración Comunitaria, PAVIREC, que sirvió de base para la Ley de Víctimas y la exigencia del Plan de Acción Territorial.

De igual forma la formulación de Políticas Públicas para habitantes de calle y en riesgo de calle, entre otros logros en defensa de los derechos humanos que la hicieron merecedora del reconocimiento Mujer Caribe 2015 otorgado por la Organización de Periodistas Independientes del Caribe Colombiano y medalla al mérito ‘Ciudadana Ejemplar 2019’ otorgado por la Gobernación del Magdalena.

 Raíces vallenatas bañadas de religión 

Amelia Cotes es hija de Armando Luis Cotes De Armas, exsecretario de Tránsito de Valledupar; exdirector del IGAC Cesar y exasesor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es un cristiano evangélico que fue miembro del equipo político de defensa de la libertad religiosa y de cultos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 mediante el partido Unión Cristiana.

Su madre Rocío Cortés Carrillo fue la primera mujer evangélica concejala del país (municipio de Valledupar), miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia – IPUC, también fungió como directora de Bellas Artes y psicóloga para familias, comunidades víctimas del conflicto armado y niños en alto grado de vulnerabilidad.

En ese sentido, Amelia fue formada de manera secular bajo la orientación de las Hermanas Terciarias Capuchinas en un hogar cristiano evangélico de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y nutrida en la etapa adulta desde River Church. Esta madre cabeza de hogar asevera que su modelo de vida es Jesús desde el concepto espiritual, pero también socialmente desde la revolución del amor y la búsqueda de la paz.  

Funciones en el nuevo cargo 

Entre las funciones de su nuevo cargo, Amelia Cotes deberá asesorar y apoyar técnicamente al Ministro del Interior en la formulación, adopción, dirección, coordinación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos en materia de libert.ad e igualdad religiosa, de cultos y de conciencia y el aporte al bien común de las entidades y organizaciones del sector religioso, impulsar los trámites y documentos necesarios para la negociación y desarrollo de los convenios de derecho público interno en materia de libertad e igualdad religiosa, de cultos y de conciencia, de acuerdo con la potestad del Estado prevista en la Constitución Política y la ley y proyectar y tramitar, dentro del marco general de competencias del Ministerio, los actos, intervenciones, estudios, programas e investigaciones relacionados con la libertad de cultos y el derecho a profesar libremente una religión o credo, en forma individual o colectiva.

Con 105 votos a favor y solo 33 en contra, pasa a tercer debate el proyecto que busca la regulación del cannabis de uso adulto. 

El autor del proyecto legislativo, el senador Juan Carlos Losada, recordó que “el discurso del presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas se dedicó en un 80% a hacer reflexionar en la comunidad internacional con respecto a la imperiosa necesidad de replantear la política de drogas, que hasta ahora se ha encaminado a nivel mundial en el prohibicionismo”.

Del mismo modo aseguró que la actual política contra las drogas de prohibición y erradicación no ha sido efectiva y por comentó “no es si se debe legalizar el consumo, o el tener en posesión marihuana, lo que es absurdo, ridículo y anacrónico es que sea ilegal venderla y comprarla”.

Por otro lado, el ponente del proyecto señaló que el cultivo de cannabis podría generar empleos “al menos 22 por hectárea cultivada”, precisó. 

En este mismo sentido, el representante Carlos Ardila, quien también es ponente del proyecto que busca que las rentas e impuestos recaudados por el consumo de cannabis sea recaudado por alcaldías y gobernaciones ya que son quienes deben mitigar los daños a la salud pública. 

“Aquí hay un daño a la salud y quienes deben hoy actuar, quienes deben tratar de mitigar ese daño son los municipios y los departamentos”. 

Por su parte, Alejando Ocampo, señaló que la Cámara “no discute algo distinto a lo que ya ha hecho la Corte Constitucional”.

En la discusión participó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien señaló que la prohibición del consumo ha mantenido las rentas criminales. 

“La prohibición lo que asegura es que las rentas vayan a las mafias y no pasen por el erario público,  la prohibición no soluciona los problemas de consumo problemático”, dijo finalmente. 

Tomado de : El Nuevo Siglo