Tres meses después de que asumiera la nueva bancada legislativa y tras cuatro debates en el Congreso, Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú, siendo el país número 14 entre los 24 que lo aprobaron. Aunque Iván Duque solicitó durante su gobierno que el Congreso de la República lo ratificara con celeridad, pasaron más de 700 días y unas elecciones antes de que se diera por fin.

La aprobación se dio en medio de un debate en el que las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical se retiraron del recinto, minutos antes de la votación, alegando falta de garantías. Lo mismo señalaron los congresistas Marelen Castillo y Miguel Abraham Polo Polo.

Mientras el Acuerdo entra en vigor, la Corte Constitucional realizará un examen de si Escazú es acorde a los mandatos de la constitución. Y aunque su ratificación se dio este lunes, el pasado 22 de agosto, el Ministerio de Ambiente anunció la creación de un plan de emergencia para la protección de defensores ambientales, explicando que se trataba del inicio de la implementación de Escazú. Luego de que pase por la Corte Constitucional, entraría en vigor el Acuerdo.

Escazú tiene tres objetivos principales: el acceso a la información ambiental, por ejemplo, en contextos de proyectos que puedan afectar a ciertas comunidades y sus territorios, como explotación de hidrocarburos y minerales; la participación pública de todos los actores en las tomas de decisiones ambientales; y las garantías de acceso a la justicia para los defensores ambientales.

Sobre este último punto, vale la pena recordar que el último informe de la ONG Global Witness advirtió que en 2021 asesinaron a 33 líderes ambientales en el país. A nivel mundial, los países más inseguros para los defensores ambientales son México, Colombia y Brasil, de los cuales, solo falta Brasil por ratificarlo.

¿Qué sigue para el acuerdo?

Juan Pablo Sierra, Codirector de la ONG juvenil PactoXElClima, cuenta que ahora tienen que conciliar un cambio de título. “Era una proposición que se hizo en Cámara y se aprobó. Como se aprobó un texto diferente en Cámara y Senado hay que conciliar el texto. Es una cosa muy pequeña. Al texto de Escazú no se le puede cambiar nada”, añade.

¿Cómo se implementaría?

La pregunta del millón es cómo se aterrizará Escazú en el país teniendo en cuenta las políticas ambientales que ya tiene Colombia. Manuel Pérez Martínez, director del departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, explica que cada país debe implementar Escazú de acuerdo a su jurisprudencia, su aparato institucional y sus conflictos ambientales. Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes, detalla lo que se hará es “tomar la reglamentación de Escazú, tomar la reglamentación que existe en Colombia y hacer un vínculo: cuál es más garantista y cómo fortalecemos”.

Sierra explica que tras la ratificación están previstas unas mesas de diálogo “para construir junto a las comunidades, sociedad civil y la academia cómo se va a aterrizar el Acuerdo, es decir, cómo se va a aterrizar el derecho al acceso a la información y a la participación” y cómo se diferenciaría de, por ejemplo, un derecho de petición o de una consulta previa, respectivamente.

La idea, comenta Sierra, es que esas mesas no se adelanten “encerradas en universidades o en espacios de difícil acceso para mucha población; no queremos que sean en Bogotá, queremos que sean descentralizadas y que no se quede en paneles de académicos”.

Tomado de: El Espectador

La organización, al parecer, compraba los semovientes en Venezuela al ELN, los trasladaba a fincas ubicadas en Arauca y, posteriormente, los movía a Bogotá, donde se coordinaba el sacrificio y distribución de la carne a distintos establecimientos de comercio.

Los elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia a una red delictiva que estaría involucrada en el contrabando de ganado de Venezuela, que ingresaba al país sin certificaciones sanitarias y en precarias condiciones.

En diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional fueron capturados 10 de los presuntos integrantes de esta estructura delictiva, en diligencias realizadas en Arauca, Fortul y Tame (Arauca); San Luis de Gaceno (Boyacá), Guamal (Magdalena) y Bogotá.

Estas personas, al parecer, compraban los semovientes en Venezuela a estructuras del ELN, los movilizaban a Colombia por pasos clandestinos y los agrupaban en fincas localizadas en Saravena y Fortul (Arauca). Posteriormente, los trasladaban a Bogotá para coordinar el sacrificio y venta de la carne en distintos expendios del centro del país.

La actividad delincuencial habría sido ejercida durante los últimos cuatro años, tiempo en el que ingresaron a territorio nacional algo más de 3.200 cabezas de ganado.

Entre los detenidos está el señalado cabecilla de la red, Uriel Rubiano Cárdenas, quien sería el encargado de financiar el andamiaje ilegal; y Jorge Gregorio Martínez, presunto responsable de adquirir el ganado en Venezuela y tramitar fraudulentamente guías para su movilización, así como contactar a funcionarios para garantizar el tránsito de los camiones.

A los 10 detenidos un fiscal de la Seccional Arauca les imputó los delitos de concierto para delinquir y favorecimiento para el contrabando. Los procesados son: Uriel Rubiano Cárdenas, Éduar Andrés Franco Rubiano, Carlos Eduardo Alfonso Gutiérrez, Jorge Gregorio Martínez Rojas, Miguel Ángel Rodríguez Monsalve, Orlando Franco Parra, Elkin Arias Vargas, Edwin Arias Vargas, Mario Javier Ortiz Díaz y Luis Alberto Rincón Jaime.

Por disposición del juez de control de garantías, Cárdenas y Martínez Rojas recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Por su parte, Rodríguez Monsalve y Arias Vargas, detención domiciliaria. Los demás recibieron medida de aseguramiento no privativa de la libertad, pero seguirán vinculados a la investigación.

Por lo menos 50 toneladas de ayuda humanitaria para las personas que resultaron afectadas con el paso del huracán Julia en La Guajira, es lo que se prevé será enviado por el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD).

Los primeros anuncios fueron hechos por la Senadora Aida Avella, quien en un video dirigido a la comunidad del departamento, expresó que habían logrado disponer de esos recursos. Más adelante, en Riohacha, Hernando Ricciuly, del Enlace Territorial para La Guajira y Cesar del ente, indicó que ya estaban a la espera del cargamento que se dispuso. Ricciuly indicó que le había tocado viajar a Uribia para preparar las labores de envío.

Al mediodía de este domingo el funcionario indicó que la ayuda consiste en alimento, frazadas, medicamentos, agua potable, artículos de higiene, hamacas, mantas y otros artículos que también se conocen como material de intendencia.

Según el Enlace de Riesgo, el gran contratiempo en el envío del material se presenta por el estado de las vías desde Puerto Bolívar en adelante, que se encuentran con dificultades para el tránsito.

No obstante, indicó que una solución sería descargar los camiones en dicho municipio y desde allí embarcarlo en una motonave de la Armada para ponerlo en los corregimientos que están en el litoral y desde estas comunidades buscar otra forma para llegar hasta las diferentes rancherías.

Tomado de: El Heraldo

Como un “pacto histórico” calificó el Presidente Gustavo Petro la firma este sábado del acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), que posibilitará la compraventa de 3 millones de hectáreas de tierras fértiles para entregar a los campesinos y campesinas y avanzar en la Reforma Agraria Integral y en el objetivo común de la Paz Total en Colombia.

Al término de la firma del acuerdo, el Jefe de Estado afirmó: “Se firmó un pacto. Es un pacto que a mí me parece histórico, porque, ni más ni menos, podría permitir hacer la Reforma Agraria en Colombia. Es la decisión libre de los poseedores de tierra, dedicados a las ganaderías extensivas, de vender una parte de tierras fértiles que tienen un mejor uso en el mundo agropecuario, para ser entregadas a los campesinos y campesinas de Colombia”.

El Mandatario anunció que, a partir de este acuerdo, “empieza un trabajo conjunto entre Fedegán y el Ministerio de Agricultura”, donde, “indudablemente, lo más difícil es conseguir los dineros para que a un ritmo de unas 500 mil hectáreas anuales pudiéramos avanzar y, fundamentalmente, para que exista una especie de ‘combo’, de conjunto de aplicaciones sobre la tierra que se vende”.

De acuerdo con el Presidente Petro, no se trata simplemente de entregar una tierra, sino de que esa tierra esté acompañada de la base institucional indispensable para producir.

“Esa tierra tiene que tener crédito, tiene que tener transferencias tecnológicas, tiene que tener mecanismos de comercialización de sus productos, tiene que tener un proceso de asociatividad regional que nos permita saltar hacia la agroindustria”, precisó.

Para el Jefe de Estado, “tres millones de hectáreas más de producción, fundamentalmente de alimentos, sería una verdadera revolución agraria en Colombia”.

En declaraciones a periodistas, el Presidente sostuvo que “llevamos décadas donde el origen de la violencia es la absurda y concentrada tenencia de la tierra en Colombia”, por lo que “no solucionar el problema fundamental que genera la violencia es prácticamente conminar, ahí sí, al país, a carencias, a pobrezas, a falta de progresos y a la muerte de muchos de sus integrantes”.

Puntos del acuerdo entre Gobierno y Fedegán:

El acuerdo fue suscrito por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, de una parte, y por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), de otra, como resultado del proceso diálogo y concertación puesto en marcha en torno al objetivo común de lograr una  Paz Total, “que dignifique la vida de todos los colombianos, que facilite la convivencia en medio de las diferencias y que haga posible el desarrollo con equidad”.

La participación de Fedegán en este acuerdo constituye una expresión de buena voluntad con la construcción de paz territorial. El Gobierno Nacional también considerará otras fuentes para la adquisición de las tierras por compra directa con el fin de alimentar el Fondo.

El acuerdo establece que los tres millones de hectáreas de tierra deben acreditarse como propiedad privada conforme a la ley, no tener ningún proceso agrario en curso ni medidas de protección y cumplir con las disposiciones ambientales y agrarias. Adicionalmente, los predios deberán estar saneados en términos fiscales y con posesión en manos de sus propietarios.

El Gobierno Nacional evaluará la capacidad productividad de la tierra ofertada y se precisará la ubicación de los predios a escala municipal y veredal.

Además, el acuerdo indica que se propenderá porque la adquisición de tierras se focalice en número de hectáreas, para facilitar la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables. 

Así mismo, el Gobierno Nacional adelantará, de forma inmediata, planes de choque para la construcción y mantenimiento de las vías terciarias necesarias para facilitar a los productores la comercialización de sus productos en condiciones de competitividad.

Valor de la compra y forma de pago:

Las personas del sector ganadero que de manera voluntaria deseen participar en este Acuerdo, se comprometen a vender los predios por su valor comercial, tal como lo dispone la Ley 160 de 1994. 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) determinará precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas, y a esto se sumará para dicha determinación el resultado del catastro multipropósito. 

Por su parte, el Gobierno asumirá los costos a los que haya lugar para materializar el respectivo negocio jurídico. El pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma de pago que determine el gobierno.

Acceso a tierra y desarrollo rural:

La tierra objeto de compra directa tiene como propósito alimentar el Fondo Nacional de Tierras, creado en la Reforma Rural Integral, para avanzar en la asignación de derechos en el marco del cumplimiento del Acuerdo Final, y del compromiso del Gobierno Nacional con la democratización de la tierra y el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas.

En términos de su utilización, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con sus instrumentos y herramientas de política pública, determinará la destinación específica de cada una de las tierras. 

Para la ejecución de este acuerdo se creará una mesa de trabajo que, por parte del Estado, será liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con participación de la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y las diferentes entidades públicas que tengan competencia para lograr su materialización, y en la cual tendrán participación también las personas que designe Fedegán.

El cumplimiento y verificación de este Acuerdo contará con el acompañamiento del Banco Mundial y de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia.

La Guajira se declaró este sábado en estado de calamidad pública por cuenta del avance de la tormenta tropical Julia y las afectaciones que se han venido presentando a lo largo del día por las lluvias.

El gobernador encargado de La Guajira, José Jaime Vega, fue quien declaró la calamidad pública por los daños y el número de afectados que deja la tormenta Julia en su tránsito por el Caribe, con lo que espera conseguir recursos del Gobierno Nacional para atender a los damnificados.

En Albania, por ejemplo, los tejados de varias casas salieron volando, mientras que en Riohacha y Manaure las lluvias han sido intensas.

“Hay unas casas destechadas, varios árboles caídos y por fortuna no hubo personas heridas, solo daños materiales”, explicó Jorge Peinado, coordinador municipal de gestión de riesgo en Albania.

La alta Guajira está completamente incomunicada por vía terrestre y algunos habitantes sufren de desabastecimiento de agua,ingestión de alimentos, medicamentos y combustible.

De acuerdo con las autoridades, en Uribia ya son más de 3000 familias representadas en 22.000 personas afectadas. 

Durante el paso de Julia también se registraron  fuertes lluvias en Riohacha y Manaure.

Alerta máxima en San Andrés

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este sábado en “alerta máxima” en San Andrés por el paso del ciclón tropical Julia que podría tornarse en huracán, de acuerdo a las previsiones del Ideam.

“Toda la infraestructura hotelera debe abrir espacio para refugios a población vulnerable”, añadió Petro.

En este momento las lluvias y las altas olas inundan las calles de la isla, que declaró un toque de queda para sus ciudadanos a partir de las 6:00 de la tarde. 

La directora de IDEAM, Yolanda González reveló que, fue a partir de las 2 de la tarde de hoy, cuando se sintieron más fuertes las precipitaciones y que, después de las 5 de la tarde, se intensificaron los vientos.

“En condiciones permanentes de precipitación, más o menos entre las 5:30 y 6:30 de la tarde, fue cuando se tuvo el momento significativo de lluvias en Providencia y Santa Catalina. Estuvimos observando el nivel del mar que ya está más estable”, confirmó González.

Con la iniciativa “Redes Territoriales: espacios para construir comunidad y cosechar felicidad”, ASOANEI ha sido preseleccionada por la corporación Emprender Paz para ser una de las organizaciones que puede llegar a quedarse con el premio que lleva el mismo nombre de esta institución.

En la convocatoria de participación se inscribieron 105 iniciativas que a través de sus trabajos buscan obtener el galardón, entre ellas la organización cafetera del Cesar ASOANEI, que fue constituida en 1996 por su fundadora Aurora Izquierdo Torres, con el propósito de estructurar programas de cultivos orgánicos y beneficiar a productores indígenas de las etnias Kankuama, Wiwa,  Kogui y Arhuaca, lo mismo que a productores campesinos y víctimas, ubicadas en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, Codazzi y La Paz. 

El proyecto Redes Territoriales, con el que está participando ASONEI comenzó desde enero de 2021 bajo el propósito de impulsar el liderazgo femenino a través de espacios de construcción y desarrollo.

“El proyecto consta de la articulación de espacios donde se involucran a mujeres lideresas de las diferentes comunidades y zonas de influencia de ANEI para fortalecer el desarrollo de habilidades y saberes para que sean aprovechados y replicados a través de la red de mujeres de las áreas de influencia” indicó Aurora  Izquierdo Torres.

“El Premio, que lidera Fundación Grupo Social en alianza con la Embajada de Suecia, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Ayuda en Acción, es una oportunidad para que empresarios visibilicen su esfuerzo y convicción en la construcción de un mejor país, al contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades”, explicó Liliana Hernández, directora ejecutiva de la Corporación Emprender Paz.

Esta es la edición número 15 del premio Emprender Paz y la premiación se llevará a cabo el 22 noviembre, en la ciudad de Bogotá. 

En una reunión en Venezuela, las delegaciones de ambas partes anunciaron que a partir la primera semana de noviembre se retomará la agenda creada junto al gobierno de Juan Manuel Santos y suspendida en enero de 2019 por el entonces presidente, Iván Duque.

Creada en 1964 e inspirada en la Revolución cubana, la guerrilla del ELN es la más poderosa en la actualidad en Colombia. Aunque todos los gobiernos han intentado firmar una paz con el grupo insurgente, todos han fracasado por incumplimientos mutuos y cambios de gobierno que obstaculizaron desarrollos anteriores.

“Las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las negociaciones. La confianza que tenemos ahora es que hay un viraje en la política de paz”, dijo desde Caracas Antonio García, primer comandante del ELN.

Danilo Rueda, alto comisionado de paz de Colombia, añadió: “Hemos cumplido con los protocolos y hemos cumplido con lo que el gobierno colombiano suscribió. Esto genera confianza para que se vea el diálogo no como retórica sino como un cambio”.

Las partes aclararon en un breve comunicado que las sedes de negociación serán rotativas, que la ONU será mediadora y verificadora de las negociaciones y que Venezuela, Noruega y Cuba serán garantes del proceso.

El conflicto armado entre el Estado colombiano y las guerrillas ha dejado más de 200.000 muertos, 8 millones de desplazados y cientos de miles de desaparecidos.

En 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó la paz con la guerrilla más poderosa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero desde entonces grupos disidentes de las FARC, la misma guerrilla del ELN y movimientos neo paramilitares han proliferado, dejando en evidencia la fragilidad de la paz firmada hace seis años.

En enero de 2019, el presidente Iván Duque suspendió los diálogos de paz entablado por Santos en 2016 tras un ataque a una escuela de la policía que dejó 24 jóvenes oficiales muertos.

Desde entonces, una parte de la dirigencia del ELN se quedó en Cuba, otra se refugió en Venezuela y cientos de combatientes siguieron los enfrentamientos a ambos lados de la frontera.

Tomado de: BBC News Mundo