Continúa la crisis de Derechos Humanos en Colombia. Delicada situación en el Cesar
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, en Colombia se tuvo información sobre 480 casos con 983 victimizaciones, todas vulneraciones a los Derechos Humanos; infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario y Violencia Político-Social, según los datos registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP y la Red Nacional de Bancos de Datos.
Cifras globales muestran que los hombres fueron los más afectados por estas violencias, aunque la falta de información en algunos casos, no permite precisar con exactitud el número de víctimas en términos de sexo. Sigue siendo una constante el ataque a las personas que ejercen liderazgos sociales y a las reincorporadas. Se obtuvo información del asesinato de 86 personas que ejercían liderazgo social. También, se siguen cometiendo ejecuciones en la modalidad de “falsos positivos”, con un registro de seis casos.
En cuanto a los victimarios se evidenció que los paramilitares, la Policía, la Fiscalía y Ejército son los principales perpetradores de las victimizaciones en el marco de las violaciones a los DDHH. En cuanto a infracciones graves al DIHC, las disidencias de las FARC-EP y el ELN son los principales infractores. También se registró un gran volumen de victimizaciones sobre las cuales no se pudo identificar a los victimarios.
El departamento del Cauca registró el mayor número de victimizaciones, seguido por Valle del Cauca, Santander, Arauca y Antioquia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la situación de violencia política en Colombia es estructural y generalizada debe tenerse una mirada en todas las regiones y no descuidar aquellas donde pueden presentarse picos de violaciones dada su conflictividad por el control de las economías legales e ilegales, así como la disputa territorial y económica entre los grupos armados. En este sentido, la revista Noche y Niebla 65 pone su atención a las vulneraciones en el departamento del Cesar que incluye tres zonas de influencia, una vinculada a la dinámica de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta; el centro, más articulado al río Magdalena y el sur del Cesar con su conexión al Catatumbo y el Magdalena Medio.
El foco entonces está en las dos últimas zonas de la región Cesar, donde se registraron 343 casos que involucran múltiples victimizaciones desde 2010 y en lo que va corrido de 2022 se denunciaron tres asesinatos de líderes sociales en la región, que evidencian la crisis humanitaria en dicho territorio. El hecho más reciente ocurrió el 2 de agosto en el municipio de Tamalameque (Cesar), en donde asesinaron a José Luis Quiñones, líder campesino integrante de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Norte y Sur del Cesar, afiliado al Coordinador Nacional Agrario-CNA, quien lideraba procesos de recuperación de tierras en Tamalameque y Río de Oro (Cesar).
Las otras dos víctimas fueron los líderes campesinos Teófilo Manuel Acuña Ribón y Jorge Alberto Tafur Acuña, quienes luchaban por el rescate de los playones comunales disputados entre la comunidad de pescadores y los terratenientes del Magdalena Medio, donde existían más de 60 ciénagas hoy desaparecidas.
Sus luchas, por la protección de los ecosistemas y en especial por el agua, es la que han librado muchos otros defensores de la tierra, las comunidades y la biodiversidad, por más de 25 años. Una resistencia necesaria al ver que han sido afectados en sus territorios más de una docena de cauces de agua por las desviaciones y la contaminación de empresas mineras como Drumond, Prodeco SA o Murray Energy.
A la fecha, ninguna de las tres comunidades: Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón, que debían ser objeto de reasentamiento, ordenado por el Ministerio del Medio Ambiente, no han logrado aplicación de justicia y resarcimiento de los daños causado; igualmente, las comunidades temen que tampoco se implementen reparaciones medioambientales porque como manifestó la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), aunque en este momento las mineras entreguen los territorios, los daños causados pueden extenderse hasta 2030.
Una causa de estas violencias y agresiones obedece a la estigmatización y criminalización que se han implementado durante los procesos de recuperación de tierras emprendidos por campesinos y comunidades negras. Las personas reciben frecuentemente ataques, amenazas y amedrentamientos por parte de grupos armados (Fuerza Pública, paramilitares y guerrillas).
“El movimiento social y campesino exige al gobierno nacional ir más allá de la implementación de puestos de mando unificados por la vida. Es necesario que cesen los desalojos arbitrarios y las intimidaciones por parte de grupos paramilitares y por parte del mismo Estado. Es imprescindible que el gobierno reconozca al campesinado como sujeto de derechos y dignifique el enfoque étnico de las comunidades afro que hacen presencia en la región. Urge la implementación de una verdadera política agraria que garantice el derecho sobre la tierra que tienen los campesinos y comunidades negras de la región del Centro y Sur del Cesar”, afirmó el Comité de Acción Jurídica Popular.
