URT radica histórica demanda de restitución colectiva en favor de campesinos de la parcelación ‘El Caimán’, en Cesar

Ocho familias reclaman el restablecimiento de 164 hectáreas en dicho predio. Se trata de un caso novedoso, que prioriza la reparación integral de este sujeto colectivo víctima del conflicto armado, reconociendo su organización comunitaria y vocación rural.

Ante el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, la URT Cesar-La Guajira presentó una demanda a favor de la comunidad campesina de la parcelación ‘El Caimán’, ubicada entre los municipios de San Diego y La Paz, en Cesar.

El proceso, que involucra a ocho demandantes y un área aproximada de 164 hectáreas, constituye un histórico y novedoso caso de reparación integral en el departamento, ya que reconoce el impacto estructural del conflicto armado sobre un sujeto colectivo campesino que, en varias oportunidades, fue víctima de despojo, abandono forzado, amenazas, homicidios y desplazamiento.

Este caso es un hito en la política de restitución en la región, al privilegiar el enfoque colectivo sobre el individual. Al respecto, el director territorial de la URT Cesar-La Guajira, Sergio Murillo Clavijo, destacó que la entidad ha trabajado de manera decidida para visibilizar la experiencia compartida de victimización, reconociendo la resiliencia de las comunidades y fortaleciendo su derecho a la reparación integral, con énfasis en la reconstrucción del tejido social.

“Con esta gestión, la URT reafirma su compromiso con las comunidades campesinas víctimas del conflicto armado, avanzando en procesos que no solo pretenden que se devuelva la tierra, sino que restituyan derechos, memoria y los proyectos de organización colectiva como este de ‘El Caimán’, así como ‘La Concordia’, en Agustín Codazzi, y Minas de Iracal, en Pueblo Bello, todos del departamento de Cesar y que también se trabajan como sujeto colectivo. Así, la entidad avanza para dignificar a las víctimas, aportando para que las comunidades regresen al territorio y fortalezcan su identidad campesina, como base para una paz duradera y con justicia social”, dijo.

Afectación colectiva del paramilitarismo y guerrilla

La comunidad de ‘El Caimán’ fue víctima de un patrón sistemático de violencia ejercido por distintos actores armados ilegales. Desde mediados de la década de los noventa, el Frente 41 de las Farc y posteriormente estructuras paramilitares como los frentes ‘Juan Andrés Álvarez’ y ‘Mártires del Cesar’, de las Auc, desplegaron amenazas, asesinatos selectivos y acciones armadas que generaron desplazamiento masivo, especialmente en los años 1997 y 2001. Estas dinámicas se enmarcaron en la disputa por el control territorial del Corredor Minero del Cesar y afectaron de manera directa a esta comunidad, que había construido un proyecto de vida colectivo con base en la producción de la tierra.

Entre los hechos victimizantes padecidos por los parceleros de ‘El Caimán’ se cuentan: viviendas incineradas, líderes comunitarios amenazados o asesinados, desapariciones forzadas y el abandono total del territorio. Sin embargo, el daño no fue solo individual, sino profundamente colectivo, al afectar la organización comunitaria, los lazos sociales y la identidad campesina del grupo.

Una historia de resistencia colectiva

Pese a la violencia, la comunidad logró mantenerse como sujeto colectivo. Desde su ingreso organizado al predio en 1992, las familias desarrollaron prácticas solidarias, trabajo comunitario y mecanismos de autogobierno como la Junta de Acción Comunal y, posteriormente, asociaciones campesinas y de víctimas. Incluso después de los desplazamientos, la gente de ‘El Caimán’ conservó su identidad colectiva, reorganizándose y reafirmando su vocación agrícola y comunitaria, razones que permitieron a la URT Cesar-La Guajira gestionar este caso como sujeto colectivo campesino, dando pie a un trabajo enmarcado en un novedoso lineamiento de actuación en favor de las víctimas.

La demanda de restitución, radicada en el Juzgado de Valledupar, recoge esta trayectoria organizativa y plantea pretensiones de carácter colectivo, orientadas a la restitución integral del territorio, la protección del uso campesino de la tierra, la garantía de no repetición y la implementación de medidas que permitan reconstruir el proyecto de vida comunitario. De manera complementaria, se pretende que la justicia especializada emita medidas de reparación individual para atender los daños particulares sufridos por cada uno de los ocho núcleos familiares, en coherencia con el enfoque diferencial y de reparación integral previsto en la Ley 1448 de 2011. ¡Con dignidad, estamos cumpliendo!