Víctima de un infarto a los 68 años, falleció la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, quien había sido trasladada a la clínica Conquistadores de Medellin a la que llegó sin signos vitales. 

Se conoció que en los últimos días la senadora había sufrido algunos quebrantos de salud que la obligaron a permanecer hospitalizada en la clínica del Rosario, en la capital antioqueña.

Piedad Córdoba fue reconocida como una de las políticas con mayor trayectoria en la historia del legislativo colombiano y una de las representantes del Partido Liberal con mayor tiempo en el Congreso.

Al conocer sobre su muerte, el presidente Gustavo Petro hizo la publicación en la red social X :”Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura  por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica, que aplaudía los ajustamientos de jóvenes, que odiaba el diálogo y la paz, que odiaba a los negros, a los indígenas y a los pobres, que la trataba como una criminal.

Un procurador fascista la expulsó del Senado y se burló de sus electores, quise resarcir el daño y ayudé a que hiciera parte de la lista del Pacto Histórico, sentí que lo merecía.

Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto”. 

En los últimos meses, la senadora tuvo que afrontar la captura por narcotráfico de su hermano Álvaro Córdoba, quien fue extraditado a los Estados Unidos, donde admitió su culpabilidad. 

Políticos colombianos a través de sus cuentas en la red social X también han lamentado la repentina muerte de la senadora. “Lamento profundamente el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba. Una mujer que abrió las puertas de la política colombiana a las mujeres afrodescendientes y que luchó de manera incansable por la paz y la justicia social en nuestro país”, anotó la vicepresidenta Francia Márquez.

“Murió la Senadora Piedad Córdoba. Toda mi solidaridad y mi abrazo fraterno a su familia. El progresismo de Latinoamérica pierde a una de sus máximas luchadoras. 

La conocí hace apenas tres años y siempre me trató con cariño y respeto. Paz en su tumba”, dijo el exsenador Gustavo Bolívar. 

“Lamento la muerte de la senadora Piedad Córdoba. Paz en su tumba y un abrazo solidario a familiares y amigos”, comentó Alejandro Gaviria. 

“Murió Piedad Córdoba. Más allá de las controversias en las que se vio envuelta, deseo manifestar mi pesar genuino. Vida llena de vicisitudes pero siempre llevando el lamento de los olvidados . Ha terminado un periplo vital complejo, pero acompañado del hilo coherente de la reivindicación de los humildes. Paz en su tumba”, apuntó Humberto de la Calle. 

Luego de varias reuniones entre representantes del gobierno, empresarios y  centrales obreras en las que no se lograron acuerdos, el gobierno nacional decretó un aumento salarial del 12 por ciento para el salario mínimo del próximo año en Colombia; es decir, un trabajador recibirá  $1.300.000 millones  más un  auxilio de transporte de $162.000, que sumados da un total de $1.462.000 millones, cifra estipulada para el salario mínimo legal mensual vigente para 2024. 

Esto indica que un día de trabajo equivale a  $ 43.333 más el auxilio de transporte diario de $5.416; es decir que una persona que  se gane un salario mínimo devengará $48.719 diarios. 

El presidente Gustavo Petro anunció que  “El nivel de vida de los colombianos que están ligados al salario mínimo va a crecer. Sabemos que la mayor parte de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo, que muchos no ganan salario, sino un ingreso en la economía popular, pero 2,5 millones de familias vulnerables obtendrán un beneficio neto con este decreto”.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, señaló que en 2023 se consolidó como una entidad más proactiva, debido a los compromisos de dignificar y humanizar el servicio público asumidos por Gobierno del presidente Gustavo Petro para mejorar las condiciones de la ciudadanía y los servidores.

En esa medida la entidad trabajó para lograr la formalización laboral de 13.644 puestos de trabajo, en la Rama Ejecutiva Nacional y entidades territoriales; contribuyó en la contratación de 10.799 jóvenes y 13.433 personas con discapacidad. La participación femenina en cargos de nivel directivo en el sector público registra un 47%.

Para avanzar en el empleo público digno, la entidad participó en la Negociación Colectiva Estatal ANE2023, en la que se atendieron más de 1.800 solicitudes provenientes de centrales obreras, resultando en 234 acuerdos en la Mesa General y 46 en la Mesa Central.

Un hito destacado en las negociaciones con sindicatos fue la consecución de un aumento salarial del 14,62% para el año 2023 (IPC + 1,5%), representando el ajuste más significativo en la historia de la negociación colectiva del sector público.

Función Pública desempeñó un papel clave en la creación del Sector y Ministerio de Igualdad y Equidad, brindando apoyo en la elaboración del estudio técnico y los actos administrativos necesarios y rediseñó 20 estructuras organizacionales de entidades en todo el país.

En el ámbito de la auditoría interna, riesgos y diseño de controles, se asesoró a más de 195 entidades a nivel nacional y territorial, junto con el apoyo a 366 entidades en generalidades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Con Juntémonos, el festival para tejer lo público se atendieron más de 28.000 solicitudes de ciudadanos en Tadó (Chocó), Puerto Guzmán (Putumayo), Ataco (Tolima), Hacarí (Norte de Santander) y Venecia (Cundinamarca).

A través de la Guía para la Transición de Gobiernos Territoriales, se fortaleció la participación ciudadana en la gestión pública junto a alcaldes, gobernadores y servidores públicos. La formación de 3.331 personas y 12 pueblos étnicos en control social evidencia el compromiso de la entidad con la inclusión en el Gobierno del Cambio.

En relación con el mérito, el principal objetivo como entidad es fortalecer este principio constitucional como el medio fundamental para el ingreso y desarrollo en la carrera de servidor público. Por eso se aplicaron 4.265 pruebas de competencias laborales para cargos de libre nombramiento y remoción en todos los niveles, así como la realización de 1.153 pruebas de competencias para candidatos a jefe de control interno.

Además de los avances mencionados anteriormente, Función Pública también se destaca como referente en la participación significativa en asuntos jurídicos por lo que el Gestor Normativo cuenta con aproximadamente 39.879 documentos, generando un número de consultas que asciende a 15.177.858, con un promedio de 52.337 visitas diarias.

Por último, Función Pública está comprometida con la Paz Total, por eso se realizaron 5 diálogos por la paz y el evento Al ComPAZ en la localidad de Kennedy. Asimismo, en la reciente reunión del Consejo Directivo del CLAD, se obtuvo la segunda vicepresidencia, fortaleciendo el mejoramiento de las administraciones públicas internacionalmente.

“Es así que el 2023 ha sido un año de logros que reflejan el compromiso del Gobierno Nacional por el fortalecimiento, la transparencia y la excelencia en la Función Pública”, dijo el director de la entidad, César Augusto Manrique Soacha.

Luego de la liberación que se dio en algún punto de la Serranía  del Perijá por parte del ELN, Luis Manuel Diaz, padre del futbolista de la Selección Colombia, Luis Díaz, ya está en el seno de su hogar junto a sus familiares en el municipio de Barrancas, La Guajira.  

Al conocerse el hecho de su liberación, los habitantes de Barrancas se volcaron a las calles y frente a la vivienda de “ El Mane” Díaz, donde comenzaron a festejar y a celebrar con música y mensajes de bienvenida al recién liberado. 

Con alborozo, con canciones del cantante vallenato Diomedes Díaz, amigos, conocidos y habitantes de Barrancas en general, lo recibieron con aplausos. 

Mientras descendía del vehículo de Naciones Unidas que lo llevó de regreso a su natal Barrancas, a  Luis Manuel Diaz se le vio visiblemente emocionado en medio de los abrazos de sus familiares. 

Después de varios días de espera y llamado a la libertad, el ELN liberó a Luis Manuel Díaz, padre del jugador de la Selección Colombia Luis Díaz. Luis Manuel había sido secuestrado junto a su esposa, quien fue dejada en libertad horas después el pasado 28 de octubre en el municipio de Barrancas, La Guajira. 

El alcalde de  ese municipio, Iván Soto, dio a conocer que la liberación se dio gracias a la intermediación de organismos nacionales e internacionales, una misión especial de la ONU,  la Defensoría del Pueblo, Organismos de Seguridad, junto a la mediación de la Iglesia Católica, mientras que la administración municipal desplegó y puso a disposición la logística para el regreso sano y salvo de Luis Manuel, al seno de su hogar .

“Los grupos armados ilegales deben dar muestras de buena voluntad, que permitan lograr la paz y más, estos grupos al margen de la ley  que se encuentran en proceso de negociación con elgobierno nacional”, señaló, Iván Mauricio Soto, alcalde de Barrancas.

La Fundación para la libertad de prensa FLIP, sentó su posición frente al reciente decreto emitido por el Ministerio del Interior sobre disposiciones a tener en cuenta en el proceso electoral del 29 de octubre. 

Según sus directivas, el decreto 1702 de 2023, expedido el 19 de octubre por el Ministerio del Interior, no es compatible con los parámetros constitucionales sobre la libertad de expresión y afecta el derecho a informar y a ser informado sobre las elecciones. 

Advierte además la FLIP que estas restricciones, días antes de las elecciones, generan confusión a las autoridades y a los periodistas que cubrirán la jornada del próximo 29 de octubre.

El artículo 4 del decreto indica que durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de “entrevistas con fines político-electorales a través de radio, prensa y televisión”. Esto es una restricción arbitraria considerando que las declaraciones de candidatos son un asunto de interés público y es común que los medios acudan a buscar ese tipo de entrevistas ese día. La norma no ofrece criterios para diferenciar una entrevista que tenga fines político electorales de una que no los tenga.

Por otra parte, el artículo 13 del decreto determina que durante la jornada electoral los medios de comunicación “solo podrán brindar información de orden público que previamente sea confirmada por fuentes oficiales”.  De acuerdo a la FLIP, esta restricción afecta al ejercicio periodístico, puesto que no puede haber fuentes de información vedadas o prohibidas. No es aceptable que el Ministerio exija que las publicaciones sobre asuntos de interés nacional, como este tipo de acciones, deban tener una aprobación previa de una autoridad pública. Adicionalmente, en muchas zonas del país, las autoridades locales dicen no estar autorizadas para confirmar este tipo de informaciones y remiten a los reporteros a los voceros nacionales.

El artículo 7 del decreto determina que el uso de celular y cámaras fotográficas y de video en los puestos de votación está prohibido “durante las 8 am y las 4 pm”. Únicamente se permitirá el uso de estos dispositivos por parte de los medios de comunicación “previa coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil”. No resulta acorde a la libertad de expresión una medida que limite a que la ciudadanía ejerza su derecho a hacer veeduría del proceso electoral. Tampoco es compatible con la libertad de prensa que el cubrimiento de las elecciones deba estar mediado por una autorización o coordinación de la Registraduría, sin que a la fecha esta autoridad haya publicado bajo qué criterios y condiciones se coordinará con los cientos de periodistas que cubrirán los comicios en numerosas mesas de votación en todo el país.

La FLIP recuerda que la Convención Americana de Derechos Humanos indica que cuando un Estado quiera limitar la libertad de expresión de manera legítima debe cumplir con tres requisitos. El primero de ellos es que la restricción debe estar previamente consagrada en una ley redactada de manera precisa y clara. El segundo señala que la restricción debe ser necesaria para el logro de objetivos autorizados por la misma Convención (es decir la vigencia de otros derechos humanos) y tercero, que se demuestre que la restricción es necesaria y absolutamente proporcional. Ninguno de estos tres artículos mencionados arriba supera el test tripartito pues de entrada las limitaciones que contemplan no existen en ninguna otra Ley. A su vez, esta normativa debe contemplar que la libertad de prensa contribuye a la garantía del acceso a la información y no es un obstáculo como el decreto pareciera insinuar.

Tal y como ocurrió en las elecciones regionales de 2019 y las legislativas de 2022, el

Ministerio del Interior expidió normas que contienen disposiciones que limitan el ejercicio periodístico durante los próximos comicios. Conscientes de estos antecedentes, la FLIP envió cartas al Ministro del Interior, al Registrador y al Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las preocupaciones que dejó el trabajo de las autoridades durante las jornadas electorales de 2019 y 2022. Con esto, se esperaba formular una serie de recomendaciones para brindar las condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa; no obstante, las entidades nunca respondieron.

La FLIP hace un llamado al Ministerio del Interior para que modifique el decreto y lo enmiende teniendo en cuenta los parámetros constitucionales, que garanticen los derechos a la libertad de expresión y de prensa.

Así mismo, es necesario que la Registraduría, la Policía y el CNE garanticen que los periodistas del país puedan llevar a cabo sus labores durante las jornadas electorales sin temor de enfrentar obstáculos o sufrir represalias. Durante este año, y hasta octubre,  se han registrado 69 agresiones a periodistas por parte de grupos armados y 40 casos relacionados con el cubrimiento electoral. 

Luis Alfredo Garavito, el mayor violador y asesino de niños de la historia de Colombia, ha muerto este jueves a los 66 años en Valledupar. La información ha sido confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que en un comunicado indicó que el deceso ocurrió en la clínica nueva Santo Tomás. “El Monstruo de Génova”, como era apodado, fue responsable de abusar sexualmente y de asesinar a al menos 189 menores de edad. Los casos, por lo que aceptó la culpabilidad, ocurrieron en la década de los noventa. Hace algunos meses, se dio a conocer que Garavito padecía un cáncer.

Garavito fue condenado en el año 2000 a más de 1.800 años de prisión por las casi 200 muertes y violaciones a niños de entre 8 y 16 años de edad, que cometió en un lapso menor a una década. Sin embargo, dado que la pena máxima que permitía la ley colombiana en ese entonces era de 40 años de cárcel, esa fue la condena que se le aplicó y que seguía cumpliendo hasta este jueves. “La Bestia”, otro de sus alias, fue capturado en abril de 1999 y encarcelado acusado de los delitos de acto sexual violento, acceso carnal violento, homicidio, incendio culposo y secuestro simple.

En 2021, la justicia le negó la libertad condicional que había pedido argumentando la buena conducta mientras cumplía con su pena. El programa televisivo Los Informantes dio a conocer en mayo de ese año una carta emitida por el INPEC en que se certificaba el comportamiento positivo del preso. Sin embargo, en el siguiente mes de noviembre, el entonces director de la entidad, Mariano Botero Coy, afirmó que Garavito no quedaría en libertad bajo ninguna circunstancia. El criminal, natural del municipio de Génova (Quindío), pagaba pena de prisión en la cárcel de máxima seguridad en la capital del Cesar. 

El confeso asesino serial cometió sus crímenes en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia. También actuó en algunas ocasiones en Ecuador. La manera que solía usar para interpelar a sus víctimas era disfrazándose de indigente, de monje o de persona con discapacidad para acercarse a fundaciones que trabajaran con niños, que con frecuencia eran de origen humilde. A veces también las engañaba con dulces o promesas para ganarse su confianza y llevarlas a zonas poco concurridas.

A lo largo de su encarcelamiento, Garavito ofreció varias entrevistas a diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. En ellas, aparte de reconocer los crímenes y de dar indicaciones de los lugares en que desaparecía los cadáveres de varias sus víctimas, aseguraba estar arrepentido de sus delitos y haber abrazado la fe cristiana. La posibilidad de que saliera en algún momento de prisión despertaba sentimientos vehementes de rechazo en todo el país, que vivió en zozobra antes de que fuera capturado, en una época ya de por sí muy violenta para Colombia.

Tomado de: El Colombiano