La inmadurez política del empalme está llevando a Colombia a una desconfianza total en las instituciones del Estado
Por: María Eloisa Araujo Morón
Colombia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia democrática. Más allá de las diferencias ideológicas o de los resultados electorales, el verdadero desafío está en la manera como se asume el tránsito entre un gobierno y otro. Un proceso de empalme debería ser un ejercicio de institucionalidad, transparencia y responsabilidad con el país, no un escenario de confrontación política permanente.
Cuando un gobierno entrante llega con el propósito de desmontar todo lo realizado por su antecesor y un gobierno saliente centra sus esfuerzos en desacreditar a quien lo sucede, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: que las instituciones dependen de las personas y no de la fortaleza del Estado.
Esta dinámica ha profundizado la desconfianza de los colombianos. Cada declaración, denuncia o señalamiento sin sustento suficiente alimenta la percepción de que las instituciones están al servicio de intereses políticos y no del bienestar colectivo. El resultado es un ciudadano cada vez más escéptico frente a la justicia, los organismos de control, el Congreso, la Presidencia e incluso frente a los procesos electorales.
La democracia no se fortalece cuando los gobiernos se dedican a destruir el legado de sus antecesores. Se fortalece cuando existe continuidad en las políticas públicas que funcionan, cuando se corrigen los errores con argumentos técnicos y cuando las diferencias se tramitan dentro del marco institucional.
La madurez política implica entender que gobernar no consiste en comenzar de cero cada cuatro años. Un país no puede reinventarse con cada administración. Los grandes proyectos de infraestructura, educación, salud, seguridad o desarrollo económico requieren continuidad, planeación y consensos que trasciendan los intereses partidistas.
La polarización también ha encontrado un terreno fértil en las redes sociales, donde el debate público suele reducirse a ataques personales, desinformación y narrativas que profundizan la división entre los ciudadanos. En este ambiente, el diálogo pierde espacio frente al espectáculo político.
Las consecuencias son evidentes. La confianza institucional, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, continúa deteriorándose. Cuando los ciudadanos dejan de creer en las instituciones, también disminuye la disposición a cumplir las normas, participar en los procesos democráticos y respaldar las decisiones del Estado.
Colombia necesita recuperar el valor de la institucionalidad. Los funcionarios públicos, independientemente de su filiación política, administran entidades que pertenecen a todos los colombianos. Los cargos son temporales; las instituciones deben permanecer.
La crítica es necesaria en una democracia, pero debe estar acompañada de responsabilidad. El control político no puede convertirse en un mecanismo permanente de deslegitimación institucional, porque al final el mayor perjudicado no es un gobierno, sino el país entero.
Hoy más que nunca se requiere liderazgo, capacidad de concertación y una visión de Estado que supere los intereses electorales. La ciudadanía espera gobernantes capaces de construir sobre lo construido, de corregir sin destruir y de entender que la confianza pública es un patrimonio que tarda años en consolidarse, pero que puede perderse en muy poco tiempo.
El futuro de Colombia dependerá, en buena medida, de que la clase política comprenda que la verdadera victoria no consiste en derrotar al adversario, sino en fortalecer las instituciones que garantizan la estabilidad democrática y el bienestar de todos los ciudadanos.
