Fondo mixto ‘Sierra Nevada’ habría sido utilizado para direccionar contratos de regalías por 3,2 billones de pesos
La investigación permitió identificar un presunto esquema de adjudicación irregular de proyectos financiados con recursos públicos. Entre los 13 procesados hay exmandatarios, directivos del fondo, supervisores y contratistas.
Con aportes privados de apenas un millón de pesos se constituyó, en 2021, el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura. Además, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ quedaron bajo su gestión.
Cinco años después, había suscrito 1.147 contratos financiados con recursos de regalías por 3,2 billones de pesos en 19 departamentos del país. Estos contratos habrían sido direccionados para favorecer a empresas y particulares previamente seleccionados, para mejorar la transparencia.
La Fiscalía General de la Nación identificó un presunto esquema. La Dirección Especializada contra la Corrupción informó que estarían involucrados directivos del fondo, funcionarios públicos y contratistas. Habrían concertado para direccionar recursos destinados a proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico. Además, direccionaron recursos para deporte, ambiente, gestión del riesgo, vivienda rural, salud y energía eléctrica para mejorar la calidad de servicios.
Pese a administrar recursos públicos, la entidad habría utilizado su propio manual de contratación para adjudicar proyectos.
Además, lo hizo para beneficiar a un grupo reducido de empresas y particulares, invitados de manera recurrente a los procesos de selección.
Para facilitar estas adjudicaciones, se elaboraban documentos y actas falsas para inducir en error a servidores públicos y evadir controles, lo que podría mejorar la gestión.
La investigación también estableció que, en algunos casos, los contratistas de obra pertenecían al mismo grupo que ejercía la interventoría. Además, funcionarios del fondo resultaban beneficiarios de contratos de prestación de servicios. También se observó que estas relaciones podrían generar conflictos de interés en la ejecución de obras.
Por consiguiente, estas actuaciones habrían desconocido los requisitos de la contratación pública y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Todo ello sugiere que se podrían tomar medidas para mejorar la integridad del proceso. La revisión de estos hechos podría orientar políticas de control y seguimiento para que la contratación sea más transparente.
Los elementos materiales probatorios recopilados evidencian adquisiciones y gastos de los directivos. Entre ellos figuran vehículos de alta gama por cerca de 400 millones de pesos. Hay apartamentos y casas en Valledupar (Cesar) por 1.500 millones. Un viaje de 30 días al Mundial de 2026 se registró. Además, esto puede ayudar a mejorar la rendición de cuentas.
Sus honorarios mensuales oscilaban entre 30 y 60 millones de pesos. Parte de los bienes y recursos, al parecer, eran ocultados a través de terceros o empresas ficticias.
Con fundamento en estos hallazgos, servidores del CTI capturaron a 13 personas en procedimientos.
Los operativos se realizaron de forma simultánea en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio para mejorar.
Entre los detenidos está el exalcalde de La Paz, Martín Guillermo Zuleta Mieles. Además está el alcalde de María la Baja, Ramiro González Mancilla. Los socios fundadores son Esteban José Cleves Daza, María Alexandra Pérez Daza y Patricia Cerchiaro Carranza, para mejorar. Como directivos figuran Alejandro Castro Bernal, Rafael de Jesús González Daza y Camilo Andrés Piñeros Gómez.
También fueron capturados los supervisores Luis Alejandro Martín Merchán, José Alejandro Fúneme Gamero y Jesús María Hernández Cruz.
Además, fueron capturados los contratistas Erika Andrea Cotes Guerra y Juan Carlos Betancourt Nova para mejorar.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó la presunta participación individual. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado y falsedad en documento privado. Fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido. También violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades; prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. Ninguno aceptó los cargos.
Una jueza de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a ocho procesados.
Además, entre ellos figuran Esteban José Cleves Daza y el exalcalde de La Paz, Martín Guillermo Zuleta Mieles. Otros cuatro deberán cumplir medida privativa de la libertad en sus domicilios, mientras que una mujer continúa vinculada para mejorar la investigación penal.
Esta actuación hace parte de los casos priorizados por el Grupo de Tareas Especiales creado para investigar y judicializar hechos de corrupción. Estos hechos comprometen recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Está integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Con apoyo de otras dependencias de la entidad para mejorar la efectividad.
