Procuraduría destituye e inhabilita a exalcalde de Balboa por contrato de $909 millones
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 17 años y seis meses al exalcalde de Balboa, Risaralda, Huberto Vásquez Vásquez, por su participación irregular en la celebración de un contrato de obra que, según el Ministerio Público, habría favorecido a un consorcio vinculado al denominado “cartel de las marionetas”.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pereira y está relacionada con un contrato por más de $909 millones destinado a la construcción de una cancha recreodeportiva sintética en el municipio. El proyecto fue financiado mediante un convenio con el Ministerio del Deporte.
Según el organismo de control, durante la administración de Vásquez Vásquez, quien estuvo al frente de la Alcaldía entre 2020 y 2023, el entonces mandatario intervino de manera irregular en la celebración del contrato con el propósito de favorecer al Consorcio Cancha Sintética ICOTOP.
La Procuraduría señaló que dicho consorcio estaba vinculado a la red de corrupción relacionada con el exsenador liberal Mario Castaño, estructura que fue conocida públicamente como el “cartel de las marionetas”.
¿Qué fue el “cartel de las marionetas”?
El llamado “cartel de las marionetas” fue una estructura de corrupción investigada por las autoridades alrededor de Mario Castaño, quien fue senador de la República y tuvo influencia política en diferentes regiones del país.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación estableció que la estructura habría intervenido en procesos de contratación pública para favorecer a determinados contratistas y obtener beneficios económicos. El caso involucró a funcionarios, contratistas y particulares.
Mario Castaño fue procesado por la Corte Suprema de Justicia y aceptó cargos dentro del proceso. En 2023 fue condenado a 15 años y 11 meses de prisión por delitos relacionados con hechos de corrupción. El exsenador falleció en noviembre de ese mismo año mientras cumplía la condena.
La referencia a esta estructura resulta relevante en el caso de Balboa porque, de acuerdo con la Procuraduría, el consorcio que recibió el contrato para la construcción de la cancha sintética estaba vinculado a esa red.
Sin embargo, la decisión conocida ahora corresponde a un proceso disciplinario y no establece, por sí misma, que el exalcalde Huberto Vásquez haya sido condenado penalmente por pertenecer a la estructura encabezada por Castaño.
También fue sancionado un exfuncionario
La Procuraduría también sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años a Ángel Yesid Montoya Ramírez, quien se desempeñaba como subsecretario de Despacho de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas de Balboa.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, Montoya Ramírez habría facilitado al contratista información que le permitió incidir en la elaboración de los pliegos de condiciones.
Posteriormente, participó en la elaboración de los estudios previos, integró el comité evaluador que calificó con el máximo puntaje la única propuesta presentada y, finalmente, ejerció la supervisión del contrato.
Para el Ministerio Público, las actuaciones de los dos funcionarios vulneraron los principios de moralidad, transparencia y selección objetiva que deben regir la contratación estatal.
La Procuraduría calificó las conductas atribuidas a ambos como faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de dolo y determinó las respectivas sanciones de destitución e inhabilidad.
La decisión se produce en el marco de la competencia disciplinaria de la Procuraduría y deberá surtir las etapas y recursos previstos en la legislación, según corresponda. La sanción disciplinaria tampoco equivale a una condena penal.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la contratación de obras públicas y los controles que deben aplicar las administraciones municipales para garantizar procesos transparentes y ajustados a los principios de selección objetiva.
