Publicación de Carlos Barbosa contra Cielo Gnecco abre debate sobre violencia contra las mujeres en política
Una publicación difundida en redes sociales por el activista político Carlos Barbosa Paz, dirigida contra la dirigente política Cielo Gnecco, generó controversia en el Cesar y volvió a poner sobre la mesa los límites de la confrontación política en los espacios digitales.
La pieza, que comenzó a circular ampliamente en redes sociales, contiene una imagen caricaturizada de Gnecco, expresiones consideradas ofensivas por distintos sectores y la frase “¡Gneccos nunca más!”. El contenido ha provocado cuestionamientos no solamente por el tono empleado, sino también por la manera en que las diferencias políticas están siendo trasladadas a las plataformas digitales.
Barbosa ha mantenido posiciones críticas frente al denominado grupo político de los Gnecco y ha expresado públicamente afinidad con sectores del Pacto Histórico y el petrismo. La publicación se produce, además, en un escenario político departamental marcado por una creciente confrontación entre diferentes sectores, de cara a un periodo en el que las redes sociales tendrán un papel central en la discusión política.
Más allá de las posiciones políticas de Cielo Gnecco o de las críticas que puedan formularse sobre su trayectoria y las actuaciones de los sectores que representa, la controversia plantea una discusión distinta: hasta dónde puede llegar el lenguaje utilizado para cuestionar a una mujer que participa en la vida política.
Algunos sectores han calificado el contenido como una posible expresión de violencia contra las mujeres en política. Esta consideración merece ser planteada con precisión, pues Colombia cuenta desde abril de 2025 con la Ley 2453, una norma específica para prevenir, atender, rechazar y sancionar este tipo de violencia.
La legislación define como violencia contra las mujeres en política aquellas acciones, conductas u omisiones que, basadas en elementos de género, causen daño o sufrimiento y tengan por objeto o resultado menoscabar, restringir, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de una mujer. La norma contempla, entre otras, manifestaciones verbales, psicológicas, morales, digitales y simbólicas.
La misma ley establece que pueden constituir manifestaciones de violencia contra las mujeres en política aquellas conductas que atenten contra su integridad moral mediante injurias, calumnias, mensajes de odio o expresiones que denigren, desacrediten o descalifiquen a una mujer por razón de su género, cuando tengan como propósito limitar o afectar sus derechos políticos o electorales.
Sin embargo, que una expresión sea ofensiva, vulgar o genere rechazo social no significa automáticamente que jurídicamente constituya violencia contra una mujer en política. Para establecer esa condición deben analizarse elementos como el contexto, el contenido, la existencia de un componente relacionado con el género, el impacto de la conducta y su eventual relación con el ejercicio de los derechos políticos de la persona afectada.
Precisamente allí se encuentra el centro de la discusión que deja la publicación. Una cosa es la crítica política, incluso severa, a las decisiones, actuaciones, propuestas o trayectoria de un dirigente; otra diferente es recurrir a expresiones que puedan trascender la confrontación política y afectar la dignidad o la participación de una persona por su condición de mujer.
La legislación colombiana reconoce expresamente el derecho de las mujeres a participar en política sin discriminación por razón de sexo o género y protege su libertad de expresión, reunión y asociación. También establece que los estereotipos y prácticas que lesionen injustificadamente su imagen pública pueden afectar su participación política.
En este caso, por tanto, la discusión no debería reducirse a determinar quién tiene razón en la disputa entre los sectores enfrentados. El debate también toca la forma en que se ejerce la oposición y la crítica política en un escenario digital donde una publicación puede alcanzar en pocas horas a miles de personas y convertirse en parte del discurso público.
La controversia vuelve así a plantear una pregunta de fondo para la política del Cesar: ¿es posible mantener una confrontación política fuerte y crítica sin convertir las diferencias en ataques personales?
La respuesta no pasa por limitar la crítica ni por impedir el cuestionamiento a quienes ejercen liderazgo político. Pasa por distinguir entre el derecho a controvertir las actuaciones públicas y aquellas expresiones que, por su contenido, contexto o motivación, puedan terminar afectando la dignidad y los derechos políticos de una mujer.
En una democracia, la crítica es necesaria y la confrontación de ideas forma parte del debate público. Pero también existen responsabilidades frente al lenguaje utilizado, particularmente cuando las controversias políticas se desarrollan en espacios digitales y pueden terminar reproduciendo formas de violencia que la legislación colombiana ya reconoce y busca prevenir.
