Subsidios de energía en riesgo: ¿qué puede pasar con las facturas de los hogares del Cesar?
El recorte previsto en el Presupuesto Nacional de 2027 abre un nuevo interrogante para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. El Gobierno contempla recursos por cerca de $1,4 billones para subsidios de energía, mientras el Ministerio de Minas y Energía calcula que se requieren alrededor de $6 billones.
El debate sobre el futuro de los subsidios de energía eléctrica vuelve a poner al Caribe colombiano en el centro de la discusión nacional. El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla una fuerte reducción de los recursos destinados a subsidiar el consumo de los hogares de menores ingresos, una decisión que podría tener repercusiones en departamentos como el Cesar, donde el servicio eléctrico representa uno de los principales gastos de los hogares y la demanda aumenta durante los periodos de altas temperaturas.
De acuerdo con un análisis publicado este lunes por La Silla Vacía, el Gobierno de Abelardo de la Espriella proyectó cerca de $1,4 billones para cubrir los subsidios de energía durante 2027, pese a que el Ministerio de Minas y Energía ha señalado que las necesidades del sistema rondan los $6 billones. La diferencia sería cercana a $4,5 billones.
Los subsidios están dirigidos principalmente a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 y se aplican sobre el denominado consumo de subsistencia. Actualmente, los hogares del estrato 1 pueden recibir un subsidio de hasta el 60 % y los del estrato 2 de hasta el 50 %, mientras que el esquema de solidaridad contempla aportes de los estratos de mayores ingresos.
El punto de preocupación no está únicamente en el bolsillo de los usuarios. La reducción de los recursos presupuestados también puede trasladar presión financiera a las empresas comercializadoras y distribuidoras, que deben mantener la prestación del servicio y cumplir sus obligaciones dentro de la cadena eléctrica.
El impacto para el Cesar
La discusión adquiere una dimensión particular en el departamento del Cesar. Desde septiembre de este año, Energía Atenea asumió la distribución y comercialización del servicio eléctrico en 19 municipios del departamento, en reemplazo de Afinia. La nueva empresa atiende cerca de 363.000 usuarios.
El cambio de operador se produjo precisamente en medio de una situación compleja para el sistema eléctrico de la región Caribe. Antes de su salida del Cesar, Afinia había advertido sobre dificultades de flujo de caja asociadas, entre otros factores, al incremento en el costo de compra de energía, el aumento de la demanda y los retrasos en el giro de subsidios.
La coyuntura se vuelve todavía más sensible con la llegada del fenómeno de El Niño. Una mayor demanda por el uso de ventiladores y sistemas de refrigeración, sumada a los costos de generación y a las dificultades financieras que arrastra el sistema, aumenta la presión sobre las empresas y sobre las entidades responsables de garantizar la financiación de los subsidios.
Sin embargo, el recorte presupuestal no significa automáticamente que las tarifas de los usuarios del Cesar vayan a aumentar en la misma proporción. Expertos consultados por La Silla Vacía señalan que las empresas podrían inicialmente asumir parte del desfase financiero, mientras el Gobierno busca mecanismos para cubrir las obligaciones.
El problema de fondo es que el Estado ya acumula obligaciones con diferentes actores de la cadena eléctrica. Según las cifras citadas por La Silla Vacía, las deudas acumuladas por distintos conceptos alcanzarían alrededor de $7,9 billones.
Un debate que también toca al Caribe
La situación de los subsidios se suma a la crisis que enfrenta el sistema eléctrico del Caribe. El Gobierno anunció recientemente un traslado presupuestal de $1,2 billones para atender necesidades del sistema eléctrico de la región y cubrir temporalmente parte de las obligaciones asociadas a Air-e, en medio de las advertencias por el fenómeno de El Niño.
La discusión, por tanto, trasciende el valor que aparece en la factura de cada hogar. Está en juego la capacidad financiera de las empresas para comprar energía, mantener las redes, realizar inversiones y garantizar la continuidad del servicio.
Para el Cesar, el interrogante queda abierto: ¿quién asumirá finalmente el costo del faltante de los subsidios de energía en 2027?
Mientras el proyecto de Presupuesto continúa su trámite en el Congreso, la respuesta será determinante para los hogares de menores ingresos y para la sostenibilidad financiera del nuevo modelo de prestación del servicio eléctrico en el departamento.
