Deuda o inversión: el dilema fiscal que Colombia deberá resolver en 2027
ENTREGA 1 | EL DILEMA FISCAL
El Presupuesto General de la Nación para 2027 asciende a $634,9 billones, pero el aumento del gasto está marcado por una fuerte presión del servicio de la deuda. Mientras este rubro crece 54,7 %, la inversión pública cae 2,8 %. La discusión que llega al Congreso no debería limitarse a cuánto gastar, sino a cómo recuperar la sostenibilidad fiscal sin sacrificar la capacidad de crecimiento del país.
Colombia se aproxima a una discusión presupuestal que puede tener consecuencias mucho más profundas que las cifras que aparecen en el proyecto de ley. El Gobierno Nacional presentó al Congreso un Presupuesto General de la Nación de $634,9 billones para 2027, 14,2 % superior al presupuesto vigente de 2026. Sin embargo, detrás de ese crecimiento hay una modificación importante en la composición del gasto: el servicio de la deuda pasaría de $100,45 billones a $155,4 billones, mientras los recursos destinados a inversión disminuirían de $89,5 billones a $87 billones. (Senado de la República)
El resultado es una paradoja que merece ser examinada con cuidado. El presupuesto nacional aumenta, pero una proporción cada vez mayor de ese crecimiento está comprometida con obligaciones financieras adquiridas en el pasado. El servicio de la deuda representa aproximadamente una cuarta parte del PGN propuesto para 2027, mientras la inversión pública pierde participación. El gasto de funcionamiento, por su parte, subiría de $365,9 billones a $392,6 billones, un aumento de 7,3 %. (Senado de la República)
Esto obliga a formular una pregunta que va mucho más allá de la tradicional discusión entre quienes defienden el gasto público y quienes reclaman austeridad: ¿está Colombia destinando suficientes recursos a construir la capacidad productiva que necesita para crecer, mientras mantiene una trayectoria de deuda que pueda ser sostenible durante los próximos años?
La respuesta no consiste simplemente en decidir si el país debe pagar más o menos deuda. Colombia tiene obligaciones financieras que debe atender y no puede convertir el incumplimiento en una herramienta de política fiscal. La discusión realmente importante está en determinar cuánto espacio presupuestal puede recuperar el Estado mediante una mejor administración de la deuda, una revisión del gasto corriente y una priorización mucho más estricta de la inversión pública.
El punto de partida: una situación fiscal que ya viene tensionada
Para entender el presupuesto de 2027 es necesario mirar el comportamiento reciente de las finanzas públicas. En 2025, el déficit total del Gobierno Nacional Central fue de $117,8 billones, equivalente al 6,4 % del PIB. Aunque el déficit total disminuyó frente al 6,7 % registrado en 2024, la mejoría no provino de una reducción del gasto primario. Por el contrario, el déficit primario aumentó de 2,4 % a 3,5 % del PIB, mientras la deuda bruta del Gobierno Nacional Central pasó de 61,3 % a 64,4 % del PIB. (Banco de la República)
Esta diferencia entre déficit total y déficit primario resulta fundamental. El primero incorpora el costo de los intereses; el segundo permite observar con mayor claridad la relación entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes de pagar los intereses de la deuda. Que el déficit total haya disminuido mientras el déficit primario aumentó significa que la reducción observada en 2025 estuvo asociada principalmente a una menor carga de intereses y no a una corrección sustancial del desequilibrio entre ingresos y gasto primario. (Banco de la República)
La ejecución presupuestal también ofrece una lección importante. Al cierre de 2025, el Gobierno había comprometido 97,3 % del presupuesto apropiado, pero las obligaciones alcanzaron 87,8 % y los pagos efectivos 87,7 %. En inversión, además, persistió un rezago presupuestal significativo. (Ministerio de Hacienda)
Esto significa que el debate no puede reducirse a aumentar o disminuir las apropiaciones. Colombia también tiene que mejorar su capacidad para convertir el presupuesto aprobado en obras, infraestructura, servicios y proyectos que efectivamente generen resultados. Un presupuesto de inversión que no se ejecuta oportunamente no produce el crecimiento esperado, aunque aparezca en los documentos oficiales como una asignación disponible.
El presupuesto crece, pero la deuda crece mucho más rápido
La composición del PGN 2027 es probablemente el dato que más debería llamar la atención en el debate legislativo. El presupuesto aumenta 14,2 % frente al vigente de 2026, pero el servicio de la deuda crece 54,7 %. En contraste, la inversión cae 2,8 %. El propio Senado ha advertido que, descontando la deuda, el crecimiento del gasto sería mucho menor: alrededor de 5,3 %. (Senado de la República)
Esto cambia la lectura del presupuesto.
No estamos ante un aumento homogéneo de la capacidad de gasto del Estado. Una parte considerable del incremento presupuestal está absorbida por las obligaciones financieras. Al mismo tiempo, los ingresos corrientes de la Nación bajarían de $322,8 billones a $299,1 billones, mientras los recursos de capital subirían de $176,2 billones a $281,4 billones. Esa composición evidencia una mayor dependencia de recursos de capital para financiar el presupuesto. (Senado de la República)
Desde una perspectiva macroeconómica, esto importa porque la sostenibilidad fiscal no depende únicamente del tamaño del presupuesto. Depende de la relación entre crecimiento económico, ingresos públicos, gasto primario, costo de la deuda y capacidad de refinanciación.
Cuando el servicio financiero aumenta, el Estado dispone de menos margen para responder ante una desaceleración económica, una emergencia o una necesidad extraordinaria de inversión.
El riesgo señalado por el CARF
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha sido particularmente claro en su diagnóstico. En su comunicado del 10 de septiembre de 2026 señaló que el proyecto de PGN 2027 evidencia la necesidad de implementar medidas estructurales de ajuste que permitan contener la vulnerabilidad fiscal y recuperar un ancla fiscal creíble y sostenible. (Carf)
El dato más importante no es únicamente el tamaño del presupuesto, sino la trayectoria que puede tomar la deuda si el déficit continúa siendo elevado. En los escenarios de riesgo analizados por el CARF, la posición fiscal de Colombia podría deteriorarse de manera considerable, elevando la deuda y haciendo necesario un esfuerzo fiscal mucho más fuerte en los años siguientes.
La advertencia tiene una implicación concreta: el país no puede resolver el problema fiscal simplemente aumentando el gasto y esperando que el crecimiento futuro se encargue de pagar la factura. Pero tampoco resulta conveniente solucionar el desequilibrio mediante recortes indiscriminados de inversión, porque una economía con menor inversión productiva puede terminar creciendo menos y, por esa vía, reduciendo también su capacidad futura de recaudo.
Una economía que necesita crecer, pero que también necesita desinflarse
El debate fiscal ocurre además en un contexto macroeconómico delicado. El Banco de la República reportó que la inflación anual llegó a 6,1 % en junio de 2026, muy por encima de la meta de 3 %, y mantuvo en julio la tasa de política monetaria en 12 %. El Banco atribuyó las presiones inflacionarias, entre otros factores, al dinamismo del gasto de los hogares y del sector público, los mayores costos laborales y el comportamiento de los alimentos. (Banco de la República)
Esto introduce otra restricción al debate presupuestal. Un aumento indiscriminado del gasto público podría contribuir a mantener elevada la demanda agregada en un momento en que la autoridad monetaria está intentando moderar las presiones inflacionarias. Pero reducir la inversión productiva también puede afectar el crecimiento potencial y limitar la capacidad de la economía para ampliar su oferta de bienes y servicios.
La solución, por tanto, no parece encontrarse en gastar más por gastar ni en recortar por recortar. La discusión debería concentrarse en la calidad del gasto y en la capacidad de cada peso público para generar productividad, empleo, infraestructura, capital humano y crecimiento sostenible.
La pregunta que cambia el debate
Aquí aparece la tesis central de este análisis: Colombia no tiene necesariamente que escoger entre pagar la deuda o invertir. Lo que necesita es modificar la composición del gasto público de manera que el ajuste fiscal recaiga, en la medida de lo posible, sobre el gasto menos productivo y no sobre la inversión que puede aumentar la capacidad futura de crecimiento.
La diferencia es fundamental.
Pagar intereses y amortizaciones es una obligación financiera. Invertir en infraestructura, educación, conectividad, agua, energía, tecnología o productividad rural puede convertirse en una fuente de crecimiento futuro. Pero eso no significa que toda inversión pública sea automáticamente buena ni que toda deuda sea necesariamente mala.
Una carretera que reduce costos logísticos, conecta regiones productoras con mercados y facilita nuevas actividades económicas tiene una naturaleza económica diferente de un gasto administrativo que desaparece una vez ejecutado. De la misma manera, una inversión pública mal diseñada, subejecutada o sin demanda suficiente puede terminar siendo tan poco productiva como el gasto que se pretende sustituir.
Por eso el verdadero debate debería ser otro: ¿qué parte del presupuesto puede generar capacidad futura para que Colombia crezca y tenga mayores ingresos, y qué parte simplemente mantiene una estructura de gasto que aumenta las obligaciones del Estado?
La respuesta a esa pregunta permite construir tres escenarios posibles para 2027 y 2028.
El primero consiste en mantener prácticamente intacta la estructura propuesta y asumir una elevada presión del servicio de la deuda. El segundo plantea administrar el perfil de la deuda para liberar espacio y aumentar la inversión, con el riesgo de que una mala ejecución o un mayor endeudamiento simplemente trasladen el problema hacia adelante. El tercero propone un camino más exigente: realizar un ajuste fiscal estructural, reducir gasto corriente de baja productividad y proteger la inversión pública que tenga mayor capacidad para generar crecimiento.
Es entre esos tres caminos donde realmente se encuentra el debate económico que Colombia deberá resolver. (espera segunda entrega)
