Más de un millón de pacientes esperan atención: Gobierno activa plan de choque en salud
La primera fase busca destrabar medicamentos y procedimientos represados en todo el país. El Gobierno reportó más de 1,2 millones de reclamos ante la Supersalud entre enero y julio de 2026 y anunció un mecanismo de compra de cartera para las EPS.
La espera por un medicamento, una cirugía o un procedimiento médico que debería hacer parte de un tratamiento ya no será abordada únicamente como una reclamación administrativa. El Gobierno Nacional anunció este lunes la primera fase del denominado Plan de Choque en Salud, una estrategia extraordinaria y temporal con la que busca intervenir los casos que permanecen represados y hacer seguimiento hasta comprobar que los pacientes efectivamente reciban la atención ordenada.
El anuncio fue hecho por el presidente Abelardo de la Espriella al término del Consejo de Ministros. Según las cifras presentadas por el Gobierno, entre enero y julio de 2026 se registraron 1.220.142 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, equivalentes a un promedio de 5.772 diarios. El 92 % estaría relacionado, de acuerdo con esas cifras oficiales, con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
A partir del cruce de información disponible, los reportes de los aseguradores y las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, el Gobierno identificó 1.069.196 personas con medicamentos o procedimientos pendientes. La primera fase tendrá cobertura nacional y contempla atender a más de 700.000 usuarios que esperan medicamentos y hacer seguimiento a más de 300.000 pacientes con procedimientos pendientes.
Pacientes de mayor riesgo, entre los primeros priorizados
La estrategia establece una priorización de acuerdo con el nivel de riesgo. Entre los pacientes identificados se encuentran personas con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal, además de pacientes con EPOC, asma, condiciones de salud mental y mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales.
El mecanismo contempla cuatro pasos: primero, identificar al paciente y la atención que tiene pendiente; después, establecer qué medicamento o procedimiento requiere y quién debe garantizarlo; posteriormente, gestionar los recursos necesarios y, finalmente, verificar que el servicio haya sido efectivamente prestado.
El punto que el Gobierno presenta como diferencial es precisamente ese seguimiento. La intención, según explicó el presidente, es que la solución no termine con el cierre de una queja en una plataforma, sino con la entrega del medicamento o la realización del procedimiento que necesita el paciente.
Compra de cartera al 0 % para las atenciones represadas
Para respaldar financieramente esta primera etapa, el Gobierno anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida a las EPS, con una tasa de interés del 0 % y un año de periodo de gracia. Los recursos estarán destinados a las atenciones contempladas dentro del plan y tendrán seguimiento sobre su utilización.
De la Espriella aseguró que el mecanismo no significa que el Estado vaya a reconocer nuevamente servicios que ya fueron pagados. La medida, explicó, estará condicionada a las atenciones incluidas en esta fase y tendrá controles para evitar duplicidad en los pagos.
El control estará a cargo de una Mesa Técnica integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES, mientras que la Supersalud deberá vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las EPS y adoptar las medidas correspondientes cuando encuentre incumplimientos.
La medida también tendrá alcance en el Cesar
Aunque el anuncio se hizo desde Bogotá y las cifras presentadas son nacionales, la primera fase tendrá cobertura en los 32 departamentos, por lo que los usuarios del Cesar que tengan medicamentos o procedimientos represados hacen parte del universo que deberá ser identificado y gestionado por el sistema.
El Gobierno estableció que las EPS deberán identificar, reportar y gestionar los casos pendientes durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2026. La intervención, sin embargo, no modifica las responsabilidades ordinarias de las EPS frente a sus afiliados. El propio Gobierno señaló que el plan es temporal y que la obligación permanente de garantizar la atención continúa en cabeza de las entidades aseguradoras.
Más allá de las cifras, el alcance de la medida se medirá en los próximos meses en algo mucho más concreto: cuántos pacientes que hoy esperan un medicamento, una cirugía o un procedimiento finalmente logran recibirlo. Por ahora, el Gobierno anunció el mecanismo y puso en marcha la primera fase; los resultados de su ejecución aún están por verse
